La potencia de la Verdad y un show politiquero

Una de cal…

El tercer juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en La Pampa durante la dictadura no pudo tener un mejor cierre, antes de la sentencia, que la autorizada voz de quienes fueron víctimas.

Las exposiciones que tuvieron lugar a partir del pedido de las propias personas involucradas, del impulso que a ese deseo le dio la fiscala Iara Silvestre y de la decisión política del Tribunal de jerarquizar esas voces, permitió que las audiencias tuvieran una suerte de broche de oro, cargado de sentido.

El repaso histórico, que además de poner en primer plano sensaciones y pensamientos constituye una forma de divulgación educativa, debiera ser replicado en otros ámbitos y plataformas con el objetivo de que quede plasmado el más importante aprendizaje que dejaron los juicios en la que era la Subzona 1.4.

Raquel Barabaschi, Juan Carlos Pumilla, Graciela Bertón y Jorge Irazuzta aportaron con sus testimonios, fuera de cualquier tecnicismo jurídico, un potente relato de lo que implicó el desembarco de esa dictadura cívico-militar: el daño causado, el terrorismo de Estado, las torturas, el exilio, y también el impacto a futuro de todo ese dolor y esa violencia.

Por cuestiones técnicas el juicio no pudo hacer lugar a que las víctimas expusieran un alegato en su lugar de querellas, pero las autoridades judiciales tuvieron el tino de permitir esas exposiciones, argumentadas y profundas, que terminaron por redondear el verdadero sentido de estos juicios.

Como las propias víctimas han sabido repetir en este tiempo, el paso de los años, la muerte impune de algunos de los delincuentes de lesa humanidad, el fallecimiento de algunas de las propias víctimas con todo su sufrimiento y sus dudas, vuelve difícil -sino imposible- la idea de Justicia.

Pero aun así, estos juicios son reparadores, porque permiten acercarse a la Verdad, sacarse de encima mochilas de martirio o, en palabras de Bertón, acceder a una suerte de "sanación" por medio de un trámite que además -según refrescó dichos de su padre- en todo momento desechó la venganza.

Justamente por el paso del tiempo -que como graficó Pumilla no es el mismo para todos los actores- el tercer juicio terminó con apenas dos acusados sentados en el banquillo, pero altamente paradigmáticos: Luis Baraldini (fue el jefe policial de aquella dictadura y alguna vez saludado después de sus servicios prestados como si la provincia hubiera sido una "isla") y Carlos Reinhardt (una de las más visibles caras del cinismo y la picana).

Si otra cosa dejó en evidencia estas últimas audiencias fue la cobardía de esos personajes, que optaron durante todo este tiempo por la mentira y el ocultamiento para tratar de zafar de lo que ellos mismos eligieron ser: tuvieron el poder y abusaron de él de los peores modos, pero qué reducidos y pequeños seres son en esta hora, ante el relato gigante de quienes padecieron sus tormentos.

…y una de arena…

El escandalete surgido de los dichos que el ministro de Hacienda Ernesto Franco pronunció en diciembre del año pasado tuvo nuevos capítulos en la Cámara de Diputados y Diputadas: el espectáculo, a partir de la viralización en las redes sociales, ya lucía destinado a dejar mal parada a la dirigencia política.

Resultaba dificultoso zafar de semejante papelón después de ese episodio en el que un alto funcionario solicita que deje de hacerse una grabación y utiliza una suerte de jerga carcelaria para fanfarronear ("vamos todos presos") como si en lugar de un debate sobre asuntos públicos que involucran a instituciones se hubiera tratado de una charla de sobremesa entre amigos picarones.

Curioso y llamativo es que ese hecho recién haya impactado en la opinión pública en este momento, varios meses después de ocurrido, y desde ya que bajo algún interés oportunista desde el punto de vista político. O mejor escrito: politiquero.

Como parte de ese juego, la oposición primero hizo silencio porque se sabía cómplice del asunto, después buscó el mejor modo de obtener algún rédito, más tarde difundió un comunicado pidiendo la renuncia del ministro, luego dividió su estrategia entre un pedido de juicio político y el agite de indignación en las redes sociales.

Todo ese espectáculo derivó también en la convocatoria de autoridades de otros ámbitos provinciales, aunque ya se sabía lo que tenían para decir: todos los actores tenían bien sabido que no había ilícito alguno ni hecho de corrupción, según dijeron, y también a partir de su actuación, puesto que la comisión interpoderes avaló los contratos de la supuesta sospecha, y hubo para ello unánime acuerdo legislativo.

Pero como había que seguir el juego de las conveniencias políticas, se estiró el papelón y se formalizó esa convocatoria dirigencial a la Legislatura, en afán de seguir movilizando las aguas y refregándole en la cara al representante del Ejecutivo la barbaridad cometida cuando en diciembre se fue de boca.

También puede interpretarse que ese repiqueteo sobre el tema fue consecuencia de que el Ejecutivo mostró al menos ciertas dudas en su reacción, puesto que Franco no encontró ningún respaldo público concreto por parte de sus superiores en el gobierno, pero tampoco nadie le soltó la mano.

El silencio del gobernador respecto del tema es absolutamente comprensible: impidió que el tema escalara a un asunto de Estado para que quedara reducido al fruto de una bruta verborragia personal.

Por un lado, bastante molestia ha de haberle provocado al propio gobernador el mayúsculo error político de su funcionario, y por otro, Franco es una autoridad de alta incidencia en su Gabinete y la decisión de apartarlo hubiera implicado un costo político y un fuerte remezón interno.