Respuestas obligadas ante una demanda básica

Las trabajadoras del área de Políticas de Género de la Municipalidad de Santa Rosa consideraron que ya se habían hecho suficientes gestiones internas y en silencio en el intento de mejorar la situación laboral por la que atraviesan, y ante la falta de respuestas decidieron visibilizar un conflicto que permanecía más bien silenciado.

Aunque se trata de un paro de actividades, profesionales y trabajadoras más que defender su propio interés -lo cual de por sí es legítimo- están sacando a la luz una problemática que afecta a la comunidad en general, y especialmente a los sectores más vulnerables, víctimas que requieren de la protección del Estado.

Al describir la falta de infraestructura, lo que parece cierto desinterés de las autoridades, la ignorancia o el ninguneo respecto de algunos reclamos, el personal del área de Género está revelando un estado de cosas que no se condice con ciertas manifestaciones discursivas y mucho menos con las promesas de campaña.

No es nada fácil ni sencillo, en los tiempos que corren, dar respuestas a problemáticas de suma complejidad, donde además intervienen situaciones de sensibilidad mayúscula, sin que por eso se ahuyenten completamente asuntos más políticos y sectoriales, chicanas o pujas internas de las que en todos lados existen.

Pero esa circunstancia no pone a las autoridades a salvo de cumplir con su obligación, que es dar respuestas a los problemas que se plantean y encontrar soluciones concretas a las demandas de la sociedad en general y en particular de las personas que se muestran dispuestas a cumplir con su trabajo para el Estado pero con la garantía de que existan las condiciones básicas y elementales para esa tarea.

Las propias operadoras de Género, con el aval sindical, plantearon que es imprescindible contar con un lugar de trabajo digno, que además no exponga ni deje en riesgo a las propias víctimas: es necesario un sitio que respete condiciones primordiales de intimidad y seguridad, a contramano de la insalubridad que terminó caracterizando a la sede del área, copada por roedores y otras alimañas.

Esa situación tiene lugar, además, en un contexto particularísimo: el conglomerado Santa Rosa-Toay sufrió en lo que va del año tres femicidios, en los cuales el Estado tuvo alta responsabilidad, incluso admitida por algunas autoridades que reconocieron que las víctimas no tienen confianza en las instituciones gubernamentales a la hora de denunciar y contar lo que están sufriendo.

Ante ese panorama, las autoridades tienen que doblegar sus esfuerzos y empatías, quizá dejar para mejor ocasión el palabrerío que profundiza en conceptos históricos, acercarse a la realidad cotidiana del territorio y escuchar a las personas que están en el alrededor más próximo: las trabajadoras, las profesionales, las mujeres de carne y hueso que son víctimas o que están en la trinchera para acompañar a esas víctimas.