Opinion

Del dicho al hecho

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Dos femicidios en tres días: hechos disparadores de un debate, pero también del rol estatal.

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EL DIARIO digital

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La conmoción social y el dolor que generaron los dos femicidios que en episodios casi calcados se produjeron en menos de 72 horas en Santa Rosa, reinstalaron una serie de debates, reclamos y análisis que no son nuevos pero que requieren de las autoridades una urgente ocupación.

La multitudinaria movilización en las calles de la ciudad no por nada convocó a expresar también la rabia, una de las inevitables sensaciones del colectivo feminista, que en ocasiones parece estar dando lucha contra molinos de viento, encontrando a su paso muchas palabras bonitas, promesas de deconstrucción y anuncios de políticas públicas que muchas veces quedan en eso.

La responsabilidad estatal salta a la vista y es necesario que, en todos los niveles, los gobiernos pasen del dicho al hecho: tiene que haber un convencido "Nunca Más" para estos femicidios evitables, pese a que algunos sectores pretendan insistir en que se trata de imponderables que no pueden ser prevenidos.

La respuesta social de cada sector o persona no puede ser idéntica frente al tema, sino que va atada a los roles de cada quien y a las responsabilidades que competen a las distintas áreas: para dar un par de ejemplos, desde el periodismo y la comunicación se dan la misión de informar o analizar lo que pasa, desde el movimiento feminista se pueden hacer reclamos y demandas.

Desde el Estado, en cambio, funcionarios y funcionarias no pueden reducir su accionar a manifestar indignación en las redes o repetir diagnósticos y estimular debates: el Estado tiene otras cosas que hacer, en especial prevenir que sigan ocurriendo femicidios y propiciar con campañas certeras y populares la necesidad de que se hagan todas las denuncias (porque eso ayuda a la protección de las víctimas).

Para eso es imprescindible la voluntad política de que las conducciones de sectores neurálgicos queden en manos capacitadas y con perspectiva de género, y que dentro de las fuerzas de seguridad prime justamente esa mirada y no la protección de los violentos porque se trate de camaradas.

Del mismo modo, cualquier política pública que se pretenda exitosa requiere de que haya un presupuesto que permita las acciones necesarias y contar con los elementales recursos -humanos y de otro tipo- para ese abordaje.

Como un apartado de lo ocurrido entre viernes y domingo, resalta -no por primera vez- el debate respecto del uso de las armas por parte del personal policial, aun cuando no está ejerciendo sus funciones y mientras permanece en su propia casa: no hay acuerdo unánime entre estudiosos y expertos, pero en principio la Ley de Seguridad Ciudadana que trata la Legislatura no planea cambios en ese sentido.

La Salud Mental de las personas uniformadas es la otra dimensión que se instala como discusión pública, y no está mal alentar a que se hagan como corresponde (y no al "voleo") los controles y pericias que establecen las normativas sobre personas que portan armas y cumplen tareas de Seguridad, pero ese eje no debe de ningún modo correr ni ocultar el asunto principal, que son los femicidios, es decir los homicidios intencionales de mujeres a manos de un hombre por machismo.

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