Reparación y deudas

El gobierno provincial finalmente decidió por decreto la reparación de agentes de la administración pública que fueron prescindidos durante la dictadura, en una decisión institucional que había sido sugerida hace 2 años y medio por el Tribunal Oral Federal, en una de sus intervenciones a raíz de los delitos de lesa humanidad cometidos en La Pampa.

El anuncio de la medida oficial se hizo en la previa de la Semana de la Memoria, cuando se recordarán los 46 años del último de los golpes de Estado en la Argentina, perpetrado el 24 de marzo de 1976.

El decreto constituye un reconocimiento a quienes padecieron en carne propia la persecución por parte de esa dictadura cívico-militar, en la que también tuvieron notable participación empresas, organizaciones religiosas y comunicacionales.

La sola mención de la cantidad de personas que fueron alcanzadas por esa criminalización injusta es una descripción que contribuye a derribar el mito que durante años se acentuó en la provincia: la fantasiosa pero interesada y no inocente idea de que "La Pampa fue una isla".

Es toda una descripción que nada menos que 531 personas fueran prescindidas de la administración pública por el solo hecho de molestar con su accionar gremial, con su ideología o con su pertenencia partidaria a los representantes del régimen que se instauró por la fuerza con la idea de imponer un proyecto político y económico.

A su vez ya se hizo la aclaración de que ese listado puede engrosarse, y no es necesario mencionar -se está ventilando en estos días en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad- que hubo personas de nuestra provincia que tuvieron que sufrir no solo la persecución laboral, sino la tortura, el exilio, el abuso, el secuestro, la muerte o la apropiación de bebés.

La "reparación histórica" anunciada por el Estado provincial es en principio una suerte de símbolo que intenta aliviar lo que en realidad es irreparable.

En el mismo sentido, y no es nada menor, van algunas de las medidas que pidió el último alegato del Ministerio Público Fiscal, desde el señalamiento de lugares con connotación histórica hasta el homenaje a algunas figuras, pasando por el sostenimiento de archivos para no olvidar.

Al mismo tiempo, algunas de las víctimas involucradas en ese proceso, si bien no dejan de destacar el reconocimiento que significan esos procederes, reclaman que exista también un aporte económico a modo de reparación.

Hay en ese sentido presentados de manera informal algunos proyectos y existieron conversaciones no oficiales porque las autoridades no hicieron lugar hasta ahora a la concreción de audiencias para tratar el tema, si bien en representación del Estado han hecho notar que pensar en un resarcimiento de ese tipo podría tener alto impacto financiero.

La respuesta de quienes se movilizan en pos de lograr eso que interpretan como un derecho es que el Estado tiene con esas personas una deuda que no ha saldado, y además ponen como ejemplo que hay provincias -como Río Negro y Neuquén- que han decidido andar ese camino sin que la situación provoque ningún colapso.

Hay sectores sociales -muchos de ellos poderosos- que frente a este tipo de iniciativas hacen pesar la teoría que inmortalizaron como "el curro de los Derechos Humanos", pero es deber de las autoridades no dejarse llevar por las olas discursivas y la moda del momento, sino atender a la historia real, que suficientemente a la luz ha quedado durante el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.