El funcionario acusado por ATE evitó hacer declaraciones

El gremio ATE denunció este jueves una presunta "red de encubrimiento" dentro del municipio de Santa Rosa ante un caso de acoso sexual y maltrato laboral que, según señalaron, afecta desde 2022 a una trabajadora de la Dirección de Comercio

Durante una conferencia de prensa, dirigentes gremiales expusieron la situación de Florencia, una empleada municipal que asegura haber sufrido "acoso sexual" y "violencia laboral" por parte de quien era su jefe en ese momento, Cheli. La denuncia ya fue radicada en la Unidad Funcional de Género y en el Ministerio Público Fiscal y, según indicó ATE, inicialmente fue caratulada como una contravención, algo que el sindicato interpretó como una minimización de los hechos denunciados.

Desde el gremio describieron un recorrido administrativo que calificaron como persecutorio. De acuerdo a su versión, luego de realizar la denuncia la trabajadora tomó una licencia y, al reincorporarse, fue trasladada de sector. También señalaron que el municipio la sancionó por "denuncia falsa", medida que fue apelada sin resultados favorables.

ATE sostuvo además que, mientras tanto, el denunciado fue trasladado al área de Asuntos Jurídicos, donde actualmente se desempeña como director. Para el sindicato, ese movimiento implicó ubicarlo en "un lugar de privilegio".

Según lo expuesto en la conferencia, la situación de la empleada se agravó en su nuevo destino. Afirmaron que bajo la dirección de Ana Sol Portaluppi se le retiraron tareas habituales, luego se inició un sumario administrativo y finalmente fue puesta a disposición de Recursos Humanos.

El gremio también apuntó a la responsabilidad política del Ejecutivo municipal. Indicaron que el caso fue comunicado a la viceintendenta Romina Montes de Oca, quien lo habría derivado a la secretaria de Gobierno, Carmina Besga. De acuerdo con ATE, la respuesta obtenida fue una advertencia de que podría ser trasladada "a un lugar peor".

"El intendente brilla por su ausencia", señalaron desde la conducción sindical, en referencia al jefe comunal Luciano di Nápoli, a quien responsabilizaron junto a su gabinete por la integridad física y psicológica de la trabajadora y su familia.

ATE también cuestionó que la decisión de poner a la empleada a disponibilidad se haya ejecutado el pasado 6 de marzo, apenas dos días antes del Día Internacional de la Mujer.

Consultado por este medio sobre las acusaciones, el funcionario señalado, Maximiliano Cheli, optó por no realizar declaraciones públicas por el momento porque hay cuestiones administrativas pendientes y postergó brindar aclaraciones públicamente hasta más adelante.

El gremio, en tanto, exigió la restitución inmediata de las tareas y del lugar de trabajo original de la empleada y aseguró que continuará con el reclamo hasta que, según señalaron, se garantice un ambiente laboral seguro dentro del municipio.