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EL DIARIO digital
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Esta viernes a la mañana, los pasillos de la Ciudad Judicial fueron escenario de una nueva instancia en la causa contra la constructora AKSA SAS. Los imputados, Luciano Javier Andrada y Daiana Solange Krenz, se presentaron ante el juez Carlos Ordás para intentar sellar un juicio abreviado que los condene por 15 hechos de estafa, tras haber cobrado anticipos por viviendas que nunca levantaron.
El punto de mayor tensión en la audiencia, que contó con la presencia del fiscal Guillermo Sancho, radicó en la modalidad de cumplimiento de la pena. El abogado querellante, Álvaro Carlos Ruggiero, fue tajante: aceptó el acuerdo de juicio abreviado pero solicitó que los acusados quienes hoy gozan de prisión domiciliaria sean trasladados de inmediato a una cárcel común.
Condena efectiva, pero sin resarcimiento
El acuerdo alcanzado contempla una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo. Sin embargo, la noticia cayó como un balde de agua fría para las familias estafadas en un aspecto central: el económico. Ruggiero confirmó que los imputados "no disponen del dinero" para devolver los fondos anticipados por las víctimas.
"Los damnificados deberán acudir al ámbito civil para buscar esa reparación", sostuvo el letrado, dejando claro que el proceso penal terminará con los responsables tras las rejas, pero con los bolsillos de las víctimas vacíos.
Los detalles del acuerdo
El pacto judicial incluye tres ejes fundamentales:
Prisión efectiva: Tres años para ambos imputados.
Cárcel común: El pedido de la querella para que se revoque la comodidad del hogar.
Costas y honorarios: Andrada y Krenz deberán afrontar los gastos del proceso y los honorarios de la querella (estimados en 6 millones de pesos) en un plazo de 30 días.
Mientras la sentencia se encamina a su cierre formal, queda el sabor amargo para 15 familias pampeanas que, aunque verán a los responsables de AKSA en prisión, ven muy lejana la posibilidad de recuperar los ahorros que invirtieron en el sueño de la casa propia.