De la política nacional al bolsillo pampeano: las dos caras de una semana bajo la lupa

Una de cal….

La salida de José Luis Espert de la contienda electoral, forzada por la controversia sobre los pagos de un empresario con vínculos con el narcotráfico, podría ser vista como un fortalecimiento de las instituciones democráticas. Su candidatura al frente de la boleta de La Libertad Avanza, sostenida hasta último momento por el presidente Javier Mieli ya es historia desde anoche.

En primer lugar, el caso demuestra que la exposición pública y la rendición de cuentas son esenciales para la vida política. El periodismo de investigación y la presión social jugaron un papel clave al revelar información que, de otro modo, habría quedado oculta.

En segundo lugar, este caso envía un mensaje claro a la ciudadanía, pero sobre todo a la estructura del poder: la transparencia y la honestidad son valores que deben prevalecer en la política. Que un candidato se vea obligado a renunciar o a dar explicaciones por sus vínculos con actividades ilícitas demuestra que, a pesar de los desafíos, la sociedad tiene mecanismos para depurar a quienes no cumplen con los estándares éticos.

En resumen, más allá de la persona involucrada, el caso se convierte en un precedente que subraya la importancia de la transparencia y la fiscalización en el sistema político, demostrando que la democracia, aunque imperfecta, tiene la capacidad de autoregularse.

El vínculo de Espert con Fred Machado, un narcotraficante con pedido de extradición de Estados Unidos, expuso una grieta significativa en el corazón del gobierno de Milei. La acusación de que Espert recibió 200 mil dólares de un fondo ligado a Machado fue la chispa. Y lo que siguió fue un guion digno de una interna de alto voltaje: Espert no pudo negar la recepción de los fondos y la narrativa oficial se centró en tildar la denuncia de "operación del kirchnerismo".

Esa respuesta, lejos de calmar las aguas, generó más preguntas que certezas. La justificación de Espert de que "andaba en una nube de pedos" durante su campaña de 2019 y que fue "ingenuo" no fue más que un intento desesperado por evadir responsabilidades. Peor aún, su frase inicial "lo responderé en la justicia" fue la antesala de un reconocimiento implícito de que la información era imposible de ser desmentida.

El caso de Espert deja una lección. En la política, la ingenuidad es una excusa frágil. Y la defensa a ultranza de lo indefendible no fortalece, sino que debilita. La encrucijada de Espert fue también la encrucijada de su partido que -a pesar de su discurso de honestidad- se mostró dispuesto a tolerar la ambigüedad.

... y una de arena

La realidad económica de La Pampa se vive en dos frentes que, si bien parecen separados, están íntimamente conectados. Por un lado, las familias enfrentan una crisis que las empuja al endeudamiento para llegar a fin de mes. Por el otro, el Estado provincial se encuentra lidiando con un déficit crónico en su Caja de Jubilaciones, una situación que se asemeja a una bomba de tiempo a punto de explotar.

La asfixia de los hogares pampeanos es palpable. La inflación imparable ha convertido la canasta básica en un lujo impagable para muchos. Llenar el carrito del supermercado en Santa Rosa se ha transformado en un ejercicio de malabares, donde cada vez se necesita más dinero para adquirir menos productos. Esta escalada de precios, sumada al estancamiento de los salarios, ha llevado a miles de familias a recurrir a tarjetas de crédito y préstamos personales tal como quedó demostrado en un informe de este diario en la semana. Pero no se trata de una estrategia de inversión o crecimiento, sino de una táctica de supervivencia. Se endeudan no para comprar un auto o una casa, sino para cubrir los gastos más elementales: comida, facturas de servicios y alquileres. Es un círculo vicioso que atrapa a los trabajadores y sus familias en una espiral de deudas.

Mientras tanto, en el ámbito estatal, la Caja de Jubilaciones se desangra lentamente. El déficit del organismo previsional no es un problema nuevo, pero se ha agravado de manera preocupante. Las razones son estructurales y se combinan en una tormenta perfecta: por un lado, una población que envejece, lo que significa que la cantidad de jubilados y pensionados aumenta de forma constante. Por el otro, el número de aportantes activos no crece al mismo ritmo, generando un desbalance que pone en jaque la sostenibilidad del sistema.

Este problema interno del sistema previsional pampeano se ve dramáticamente magnificado por un factor externo: la deuda histórica que el Gobierno nacional mantiene con la provincia. Desde hace años, La Pampa ha reclamado por los fondos que la Nación adeuda por el desfinanciamiento de la caja. Esta disputa, que ha llegado incluso a los tribunales, no es una mera formalidad burocrática. Es un reclamo de vital importancia que, de resolverse, podría aliviar la presión financiera sobre el sistema y, al mismo tiempo, permitiría que el Estado provincial cuente con más recursos para asistir a la población más vulnerable.

En el fondo, ambos problemas —la crisis de las familias y el déficit de la Caja— son las dos caras de una misma moneda. Son el reflejo directo de las políticas de ajuste y la falta de envío de fondos desde la Nación. Las decisiones tomadas en Buenos Aires, reflejadas en números en rojo, impactan directamente en la tranquilidad y el futuro de cada hogar pampeano. La situación ya no es una simple noticia de la que se habla, es una realidad que se siente en el bolsillo, en la mesa y en la incertidumbre sobre el futuro.