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EL DIARIO digital
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El Tribunal de Cuentas de La Pampa sancionó con una multa de $330.714,32 al director del Registro de la Propiedad Inmueble, Juan Mecca, por no cumplir los plazos y procedimientos en una licitación. Aunque aprobó la rendición de cuentas de marzo del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, el organismo volvió a advertir sobre las responsabilidades del funcionario.
La sentencia Nº 1942/2025, emitida el 21 de agosto, resolvió aplicar al director del Registro de la Propiedad Inmueble una multa equivalente al 30% de la asignación de Categoría 1 de la Ley 643, lo que representa $330.714,32. El fallo establece que Mecca incumplió las normas vigentes en materia de contratación al no garantizar la notificación en tiempo y forma a los oferentes de una licitación.
El Tribunal le otorgó un plazo de diez días hábiles para depositar la multa en la cuenta corriente del Banco de La Pampa y presentar los comprobantes ante el organismo. De no hacerlo, se dará intervención al Fiscal de Estado, según lo prevé el Decreto Ley 513/69.
El motivo de la sanción
El caso se originó en diciembre de 2024, cuando la firma Marinelli S.A. manifestó su voluntad de no prorrogar el plazo de mantenimiento de su oferta. Sin embargo, la adjudicación no fue notificada en tiempo por parte del Registro de la Propiedad Inmueble, lo que impidió perfeccionar el contrato y disponer de los bienes licitados.
La omisión obligó a iniciar un nuevo expediente en febrero de 2025 para adquirir insumos de similares características, generando demoras y costos administrativos. El Tribunal señaló que, de haberse cumplido con los procedimientos en los plazos legales, la responsabilidad de desistir habría recaído únicamente sobre la empresa.
El Tribunal recordó que ya había advertido al funcionario en febrero, mediante la sentencia Nº 615/2025, sobre la necesidad de observar estrictamente las normas de contratación. En aquel momento se lo intimó a adecuar su accionar bajo apercibimiento de sanciones.
La reincidencia en los incumplimientos motivó la aplicación de la multa económica y la notificación a la Contaduría General de la Provincia, que deberá informar lo resuelto a las habilitaciones técnico-contables de su dependencia.
En paralelo, el organismo aprobó la rendición de cuentas del mes de marzo de 2025 de la Habilitación de Gobierno, Justicia y Seguridad, que ascendió a $6.285 millones. De ese monto, se aprobaron erogaciones por $4.065 millones y quedó un saldo de $2.220 millones que deberá rendirse en el período inmediato posterior.
El fallo, firmado por la presidenta Alejandra Mac Allister y el vocal José Moslares, remarca que los procedimientos de contratación son esenciales para garantizar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Y subraya que la reiteración de irregularidades en el área del Registro de la Propiedad Inmueble justifica la aplicación de sanciones concretas para asegurar el cumplimiento de la ley.