La CGT Centro Sur repudió la disolución de Vialidad Nacional

La Regional Centro Sur de la CGT de La Pampa expresó su enérgico rechazo a la disolución de Vialidad Nacional impulsada por el Gobierno de Javier Milei. A través de un comunicado firmado por Aníbal Schmidt y Ambrosio Ponce, la central obrera denunció que se trata de "un acto de absoluta desmesura y falta de visión estratégica nacional" que atenta contra el patrimonio público y los derechos de los trabajadores.

"El Gobierno nacional, empoderado con facultades otorgadas por legisladores afines a sus principios, ha llegado para destruir todo lo que significa protección y cuidado de nuestro patrimonio nacional", advirtió la CGT pampeana. En ese sentido, reivindicaron el rol histórico de Vialidad Nacional como organismo técnico y federal, cuya presencia garantiza el mantenimiento y la construcción de rutas en todo el país, incluso en los rincones más olvidados por el mercado.

"No hay ruta en el territorio nacional donde uno transite sin encontrar trabajadores arreglando baches, construyendo caminos, limpiando banquinas o controlando alcantarillas. Los trabajadores de Vialidad Nacional son ejemplo de compromiso y cumplimiento de funciones", destacaron.

Además de rechazar la decisión del Ejecutivo nacional, la CGT también apuntó contra los legisladores nacionales del radicalismo y del PRO que respaldaron la Ley Bases, norma que habilitó la delegación de facultades al presidente. "Repudiamos también a los legisladores del Partido Radical y del PRO, que con la misma visión y desparpajo que el Gobierno nacional, acompañaron y acompañan sus políticas de destrucción del Estado", sostuvieron.

El cierre de Vialidad Nacional, advirtieron, representa mucho más que un ajuste administrativo: implica la pérdida de miles de empleos calificados, el abandono de funciones estratégicas y la entrega del control vial al sector privado, en desmedro del interés público.

Desde la CGT Regional Centro Sur aseguraron que seguirán denunciando las consecuencias de estas políticas y defendiendo la presencia del Estado en cada rincón del país, "como garantía de equidad territorial, soberanía y justicia social".