Reunión de El Nuevo Salitral con Di Nápoli: "Se lavó las manos"

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, recibió este jueves por la mañana a un grupo de vecinos y vecinas del asentamiento El Nuevo Salitral, que sufren la amenaza de desalojo por parte del Poder Judicial, y les prometió que desde la comuna no se judicializará su situación. De todos modos, descargó la posibilidad de una solución concreta a la construcción de futuros barrios del Ipav, afirmó que el municipio no puede intervenir en el reclamo judicial de los abogados que se presentan como propietarios de los terrenos que ocupan, y rechazó la propuesta de las familias para que la comuna compre el predio y las familias puedan pagarlas luego en cuotas.

"Se lavó las manos", resumió una vocera de las familias. De parte del municipio no hubo versión oficial del encuentro hasta ahora: solo silencio. La reunión estaba pactada para las 9.30 de la mañana en el edificio municipal, hasta donde se movilizaron los vecinos, y comenzó apenas con quince minutos de demora. Cortaron el tránsito en la avenida durante el encuentro. El dirigente del Partido Obrero, Luciano González, acompañó a las familias.

Una decepción para las familias

A la salida de la reunión -que duró una hora y media-, una de las voceras, Andrea, dijo: "No tuvimos la solución ni las respuestas que esperábamos. A seguir adelante". "Trajimos una posible propuesta de un loteo social, pero no quiere saber nada. No se van a meter en el arreglo entre privados. No quiere saber nada", explicó otra mujer.

"Hace años que lo venimos pateando. No se quiere hacer cargo de nosotros ni de la gente que está esperando más de veinte años. Dice que hay gente igual, no se quieren hacer cargo ni de nosotros ni de los 20 mil anotados en el Ipav", dijo otra mujer.

"Si nos ayudan a nosotros, tienen que ay ayudar a los veinte mil. Eso nos dijo. Pero a nosotros nos quieren desalojar, estamos con un caso judicial. Son distintas situaciones. No quiere o no puede", prosiguió. "Con cuatro casitas del Ipav compra las dos hectáreas que supuestamente ese señor quiere vender. Ya le dijimos, tenemos las casas levantadas. No queremos otra casita, que nos regalen, o los materiales. Queremos la posesión de los terrenos. Hace tres años y medio que vivimos ahí. No nos puede decir ahora que no se puede meter entre los privados. Hay un estado habitacional en crisis, se está lavando las manos con esto y con toda la gente que está esperando", protestó.

Una de las manifestantes señaló: "Le pregunté si a la hora del juicio ellos iban a estar para ayudar, y nos dijo que no".

Di Nápoli sí prometió interceder ante la CPE para que les bajen la energía eléctrica a las viviendas. Les negó que haya manifestado a la cooperativa que no podían otorgar ese servicio esencial. "Jamás fue a la cooperativa a negarnos la luz", contaron que aseguró Di Nápoli.

"Se lo dije en la cara, si me desalojan con mis cinco hijos en la calle, me meto en el Megaestadio a vivir", dijo una madre, indignada por las respuestas del jefe comunal durante el encuentro. "No somos ocupantes ya, ya la palabra usurpación no va. Hasta lloré ahí adentro, a mi corazón le falta la mitad hoy en día, me voy con la cara bien larga, pero tampoco se la van a llevar de arriba", confió.

"Es todo política, está el megaestadio ahí, y piensan que nosotros somos una villa miseria. Y no es así, tenemos casas, somos todos humildes, somos familias que trabajamos el día a día", completó, decepcionada.

Por su parte, el militante del PO, Luciano González, consideró una respuesta "cínica" que el intendente haya planteado que si aceptaba la propuesta que llevaron era injusto con los 20 mil anotados en el Ipav. "Se le cayó la careta, muestra que el estado municipal no tiene ningún tipo de respuesta concreta a estas necesidades", evaluó.

"No se hace cargo de la problemática social que genera el propio gobierno que ajusta y genera la crisis social y económica", redondeó.

Escucha y pocas definiciones

Según fuentes del municipio, Di Nápoli se remitió a la escucha de los reclamos. En principio, les garantizó a las familias que desde el municipio jamás criminalizará la situación, que nunca va a mandar a la policía como forma de actuar sobre el caso. Respecto a la causa judicial que promovió el propietario que pretende desalojarlas, el jefe comunal adujo que el municipio no puede meterse. Y que, desde su óptica, la solución pasa a través de los planes de vivienda que ya está construyendo el IPAV.

Las familias habían manifestado su enojo la semana pasada porque el intendente se fue de viaje la semana pasada y los dejó plantados, porque habían programado una reunión que, por eso, no pudo realizarse.

“Tenemos muchos nervios, está en juego el techo de nuestras familias”, dijo Carina Lezcano antes de ingresar al despacho. En la reunión plantearon la propuesta, como poseedores de la tierra, que además edificaron viviendas en el lugar, para que el municipio o el gobierno provincial compre los terrenos al abogado que aparece como propietario.

Lezcano, una de las personas que ocupa una parcela, había dicho: "necesitamos un estado presente, porque somos familias de bajos recursos y no podemos comprar esos terrenos. No pedimos que nos regalen nada, sino que nos permitan pagar según nuestras posibilidades". Por eso pretendían que que "el municipio adquiera las parcelas y genere condiciones para que nosotros podamos pagar la tierra con otras condiciones y facilidades".

Di Nápoli durante la reunión escuchó la propuesta. Pero la rechazó de plano. El intendente y su entorno tienen serios reparos sobre la posibilidad de avanzar en esa salida. Temen al riesgo de que, si lo hicieran, la acción podría interpretarse como dar luz verde a las tomas de terrenos para luego pedir algo similar.

Una notificación que reactivó el conflicto

Tal como informó El Diario, durante la primera semana de este mes la reactivación de un expediente judicial a instancias de propietarios privados puso en alerta a 8 familias que temen que las obliguen a dejar el lugar que ocupan desde hace alrededor de tres años.

La formalidad generó una situación de tensión y conflicto. Aunque desde el Poder Judicial dejaron en claro que no se ordenó ningún desalojo. Lo que ocurrió es que una causa que se inició en 2019 había tenido un defecto en su notificación, por lo que los impulsores de la demanda volvieron a reclamar el desalojo.

Esa notificación generó alerta entre vecinos y vecinas, que además durante algunas horas interpretaron que el desalojo estaba ordenado y que tenían solo 5 horas para dejar el sitio que ocupan, a riesgo de que si no lo hacen actuara la fuerza pública.

Fruto del temor resurgió de todos modos el posicionamiento de quienes están asentados en ese lugar hace unos tres años. Prendieron gomas, visibilizaron su situación y también refrescaron el rol que le corresponde al Estado a la hora de que se garantice el derecho a la tierra y la vivienda.

El asentamiento comenzó a mediados del año 2019. Los supuestos titulares registrales que motorizaron el reclamo son Homero Cruz Marques y Luciano Filemón Marques.

Las vecinas y vecinos reclaman una intervención de la Municipalidad de Santa Rosa. Y acusan a la gestión de di Nápoli de haber acondicionado terrenos de propietarios privados en la zona.