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EL DIARIO digital
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El avance de la frontera urbana y los intereses inmobiliarios vuelven a poner bajo una presión extrema al acuífero Santa Rosa-Anguil-Uriburu, la reserva hídrica más estratégica de la región capitalina. En las últimas semanas, un nuevo proyecto presentado de manera discreta ante los despachos oficiales encendió las alarmas por las supuestas verdaderas intenciones de sus promotores, quienes ensayan una atractiva "limosna" comunitaria para destrabar una millonaria veta comercial en tierras legalmente protegidas.
Tal como se hizo trascender en algunos medios de comunicación en los últimos días, la propuesta -impulsada por el grupo económico que rodea a los propietarios del predio rural "La Andría"- ofrece la creación de un parque público de más de 50 hectáreas dedicado al esparcimiento. Bajo el lema "Mate bajo el caldén", el proyecto busca presentarse como una iniciativa de integración social y preservación natural sugerida, presuntamente, por asesores técnicos para ganar el visto bueno de la opinión pública.
Sin embargo, según pudo saber El Diario, los antecedentes y los movimientos administrativos paralelos exponen el reverso de la generosidad. Fuentes vinculadas al municipio santarroseño adviertieron a este diario que la cesión del parque es apenas "la punta del iceberg".
"El objetivo de fondo es legitimar y reflotar un megaproyecto de cientos de lotes que ya había sido presentado en el pasado en conjunto con otros actores de peso, como la Caja Forense y la sociedad anónima detrás del frustrado country La Elvina", confió una fuente consultada. Esta última firma, cabe recordar, sumó recientemente otra presión sobre la zona al proyectar un hotel premium y loteos accesorios en sociedad con un conocido empresario panadero del medio.
Perforaciones
Al debate por el uso del suelo se le suma una denuncia aún más grave que afecta directamente la sustentabilidad del recurso hídrico: la presunta existencia de "infraestructura de extracción de agua totalmente irregular" dentro de "La Andría".
Distintas fuentes consultadas -entre ellas visitantes al predio y allegados a la práctica del polo- aseguran que el establecimiento contaría con "cerca de diez perforaciones de caudales excepcionales", una cifra que excede por completo los límites fijados por las normativas vigentes en materia de preservación ambiental.
"Hay una perforación de 200 milímetros de diámetro, una dimensión estrictamente prohibida para el área debido al potencial daño extractivo que puede causar en las napas", completó otra fuente consultada.
Y agregó: "el tendido de las restantes diez instalaciones alimenta las sospechas sobre la preparación de una infraestructura oculta para abastecer un futuro asentamiento urbano clandestino".
¿Quiénes ejecutaron esas supuestas obras subterráneas y qué funcionarios otorgaron, por acción u omisión, los permisos para perforar en un suelo críticamente protegido? Esa pregunta por ahora no tiene respuesta.