Corte programado de luz
Déficit habitacional: los conflictos que se visibilizaron en los últimos días son, a la vez, coletazos de ausencias estatales durante los últimos años y un "aperitivo" de otros posibles estallidos.
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EL DIARIO digital
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El déficit habitacional que soporta Santa Rosa, como ocurre en toda La Pampa, pero con las especiales características que corresponden a una capital de provincia, quedó en el centro de la escena a partir de los conflictos que estallaron en los últimos días.
Los reclamos, tomas y desalojos -pero también las pujas con los loteos o la criminalización de colectivos como Chakrta Raíz- son consecuencia de un combo que se generó especialmente en los últimos años, pero a la vez constituyen la punta de iceberg, ya que la problemática crece y amenaza con nuevos estallidos, aunque no sea a veces tan visible.
La falta de vivienda no es ningún secreto, pero la situación económica ha potenciado la problemática: mientras el negocio inmobiliario no para de crecer y especular, el aumento de los alquileres se vuelve inaccesible para las familias menos acomodadas, que en su desesperación hasta interpretan como mejor camino buscarse un lugar donde construir su propio techo.
Las cifras que la semana pasada reveló el defensor de Niñez y Adolescencia, Juan Pablo Meaca, fueron una forma de desnudar la injusticia social: en el último año se ordenaron 215 desalojos a familias que tienen niños o niñas. Y la realidad actual es peor.
Una de las preguntas básicas es qué respuesta a mano, y urgente, tiene el Estado, más allá de las políticas públicas que pueda adoptar para soluciones en un mediano o largo plazo.
Estado ausente, asentamientos presentes
El gobierno neoliberal sembró la semilla de ese conflicto profundo: durante 4 años no construyó una sola vivienda social en La Pampa, una provincia donde se hizo costumbre que el Estado nacional aportara en promedio aproximado unas 1.000 casas por año.
La Provincia no estaba preparada para sufrir esa discriminación y las listas del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV) se atestaron, no solo en la capital provincial (aunque sobre todo en Santa Rosa), sino incluso en pequeñas localidades que se encontraron por primera vez con ese problema: la altísima demanda para una oferta retraída.
Se gestaron en Santa Rosa postales inéditas: asentamientos relativamente nutridos, que se sostuvieron en el tiempo y que hoy permanecen no solo por la resistencia de sus protagonistas, sino porque se trata de una necesidad innegable.
"El Nuevo Salitral" está movilizado, también con participación de organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda: reclama una seguridad sobre el lugar que ocupan, quieren los servicios y que se ahuyente la amenaza judicial que motorizan los privados que dicen ser dueños de esa tierra.
En silencio, el asentamiento en la zona del barrio Santa María de La Pampa luce firme y con construcciones sólidas. Ya parece un pequeño barrio intocable. Algo similar ocurrió en el predio que tomaron otros vecinos y vecinas en la zona del Desayunador de Villa Germinal.
La toma que se conoció el sábado -ante la cual la respuesta fue criminalización, armas de fuego y policías- tiene idéntico objetivo y similar propuesta comunitaria: unas 14 familias que no tienen dónde vivir, con trabajo precario, que piden una tierra para con sus propias manos levantarse un techo.
En todos los casos la voz de esas personas es la misma: no quieren nada de regalo, sino pagar un monto que resulte accesible y razonable.
Respuestas que no alcanzan
De la mano de los estados nacional y provincial, La Pampa encara en los últimos tiempos soluciones habitacionales que son una mejora, desde ya, pero que lejos están de tapar todos los agujeros que fueron quedando, y que la crisis social agranda, además en medio de ánimos más próximos al malestar que a la esperanza.
El número de casas sociales construídas y por construír serán un alivio para las familias que tengan ese acceso, pero lejos estará ese trámite de apaciguar más o menos definitivamente la situación de tensión.
El Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, por su lado, tiene a mano soluciones para una clase trabajadora más acomodada: el programa "Lote Propio" que se anunció hace poco tiempo está destinado a quienes tienen ingresos salariales superiores a los $150 mil mensuales, por lo que su universo es similar a quienes pueden acceder al nuevo ProCreAr.
Algunas comunas iniciaron procesos exitosos para facilitar el acceso a la vivienda: pusieron a la venta, a precio muy accesible, terrenos fiscales. Distintos municipios, de diferentes tamaños y gobernados por fuerzas diversas, gestaron herramientas para tratar de salir de la encerrona. Santa Rosa todavía está a mitad de camino: ronda la idea del "Banco de Tierras", pero por ahora no tiene resultados palpables.
Convidados de piedra
Los últimos reclamos han hecho foco sobre todo en la Municipalidad de Santa Rosa, que además reaccionó de manera más bien antipática (el sábado autoridades locales aparecieron con policías en un predio, el lunes no atendieron a los reclamantes).
Las municipalidades son las primeras trincheras ante el conflicto social. También puede interpretarse por lo bajo, aunque las reales motivaciones sean un asunto secundario, que a veces hay intereses políticos cruzados o ciertas chicanas.
Como sea, los grandes convidados de piedra en ese escenario son los sectores menos favorecidos. La época invernal es la más dura para los sectores de menos recursos. El hacinamiento y el frío refrescan la pobreza a cada minuto. La falta de un techo y un hogar se multiplica en sensaciones de impotencia, frustración y tristeza. En esos espacios germina como en pocos otros el virus de la "anti-política".
Aunque se vea poco, la capital pampeana está repleta de esos relatos e historias. El abuso en el precio de los alquileres castiga a las familias más necesitadas, sometidas a meterse en viviendas en condiciones precarias, bajo "acuerdos" absolutamente ilegales (contratos por seis o hasta por tres meses, con aumento ya pactados).
La corporación inmobiliaria, a su vez, resiste una ley que garantice derechos de los inquilinos y cuando habla de la vivienda pone en primer plano no la necesidad de un techo para las familias, sino de rentabilidad para el mercado del sector. Es un misterio cómo se saldará ese debate en el Congreso Nacional.
