Carbono: la nueva barrera comercial "verde"

Hay discusiones que llegan al campo argentino envueltas en palabras irreprochables: sustentabilidad, trazabilidad, carbono, biodiversidad, conservación. Ninguna de ellas merece ser cuestionada en sí misma. El problema comienza cuando conceptos ambientalmente legítimos dejan de ser herramientas para mejorar la producción y se convierten en condiciones obligatorias para acceder a determinados mercados o créditos, trasladando al productor costos crecientes de medición, auditoría, certificación y segregación. 

Allí conviene separar dos cuestiones que suelen presentarse como una sola. Una cosa es que exista un mercado dispuesto a pagar por atributos ambientales verificables. Otra, muy distinta, es pretender que todo el sistema productivo argentino adopte masivamente una determinada arquitectura de certificaciones, registros y metodologías para poder seguir comercializando aquello que ya produce de manera competitiva. La diferencia no es semántica. Es económica. 

Argentina no necesita renunciar a los mercados de carbono ni a los productos diferenciados por atributos ambientales. Puede y debe participar cuando exista una demanda genuina, un precio que compense los costos y una metodología técnicamente sólida. Lo que no parece conveniente es convertir una especialidad o un destino particular, importante pero minoritario, en una obligación generalizada para millones de hectáreas y miles de productores. 

La experiencia europea ofrece, cuanto menos, un antecedente que merece ser observado con atención. Durante años, la Unión Europea mantuvo una política particularmente restrictiva respecto de los organismos genéticamente modificados, mientras el sistema europeo de evaluación de riesgos, a través de la EFSA, desarrolló procedimientos específicos para analizar caso por caso la seguridad de los eventos autorizados y compararlos con sus equivalentes convencionales. Al mismo tiempo, Europa continuó dependiendo de la importación de materias primas agrícolas producidas con tecnologías cuya utilización dentro de la agricultura europea es mucho más limitada. 

No es necesario atribuir mala fe a esa política para reconocer una consecuencia económica: las exigencias regulatorias pueden modificar la competitividad relativa entre productores sin modificar necesariamente la realidad biológica del producto. Algo semejante ocurre con la regulación europea contra la deforestación. Se trata de una política ambiental legítima, pero también de un sistema que impone nuevos requerimientos de trazabilidad, información y diligencia debida sobre cadenas productivas internacionales. Su aplicación, además, ha requerido sucesivas modificaciones y postergaciones. 

La Comisión Europea confirmó en julio de 2026 que el reglamento comenzará a aplicarse el 30 de diciembre de este año para grandes y medianos operadores, mientras que para buena parte de las micro y pequeñas empresas la fecha será el 30 de junio de 2027. La propia Comisión adoptó nuevas medidas de simplificación de productos y herramientas digitales durante julio.

La pregunta, entonces, no es si Argentina debe combatir la deforestación. La respuesta es obvia: debe conservar sus recursos naturales y hacer cumplir sus propias normas. La pregunta verdaderamente estratégica es otra: ¿debemos adoptar metodologías, costos y sistemas de control diseñados fuera de nuestro sistema productivo sin demostrar previamente que agregan valor real al producto argentino? De lo contrario, corremos el riesgo de inclinar la cancha a favor de competidores que han perdido parte de la carrera por la eficiencia y la escala, que enfrentan costos crecientes para sostener su producción agropecuaria y que utilizan, entre otras herramientas, políticas de apoyo para preservar su seguridad alimentaria y una determinada estructura rural. 

Algo similar ocurrió tiempo atrás con las resistencias a la adopción de cultivos genéticamente modificados, pese a la acumulación de evidencia científica y económica favorable a numerosas de estas tecnologías. La cuestión adquiere mayor relevancia cuando se observa nuestro mapa comercial. En 2025, la Unión Europea representó el 9,7% de las exportaciones totales argentinas, con ventas por US$8.486 millones. Fue el tercer destino individual de nuestras exportaciones, detrás de Brasil y China. Pero existe una precisión fundamental: Europa sigue siendo un mercado importante y de alto valor. De hecho, durante el primer semestre de 2026 las exportaciones agroindustriales argentinas hacia la UE aumentaron 30% en valor, hasta alcanzar US$2.500 millones, mientras que el volumen creció 14%, hasta 4,1 millones de toneladas. 

Precisamente por eso no se trata de darle la espalda. Se trata de negociar con inteligencia. El mercado europeo debe ser atendido; no necesariamente debe convertirse en el patrón universal con el que Argentina mida toda su producción. Nuestro país exportó en 2025 un récord de 115,41 millones de toneladas de productos agroindustriales por US$52.337 millones. Diez complejos concentraron el 93% del volumen exportado y los diez principales destinos representaron más del 58% de las toneladas comercializadas. China, Vietnam, Brasil, Perú, Arabia Saudita, Malasia e India, entre otros, tienen un peso determinante en esa arquitectura comercial. Pretender que una sola región del mundo defina las reglas ambientales de toda esa oferta sería, como mínimo, una decisión estratégica que Argentina debería analizar con mucho mayor rigor. 

Y aquí aparece el punto técnico central: Argentina no parte de cero. Un estudio elaborado con participación de INTA, INTI, MAIZAR y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires calculó para el maíz argentino una huella de 0,178 kg de CO? equivalente por kilogramo de grano en tranquera, sobre una muestra correspondiente a 7,44 millones de hectáreas y 51,3 millones de toneladas de la campaña 2021/22. Al incorporar las remociones asociadas a la siembra directa, el indicador descendió a 0,157 kg de CO? equivalente por kilogramo. Y al considerar además el efecto de los cultivos de servicio, el estudio estimó una reducción adicional hasta 0,156 kg de CO? equivalente por kilogramo. 

El dato es extraordinario porque demuestra que nuestra agricultura no necesita importar un relato para comenzar a ser ambientalmente eficiente. La siembra directa, la rotación, la genética, la agricultura de precisión, el manejo eficiente de fertilizantes y la incorporación creciente de cultivos de servicio forman parte de una evolución tecnológica desarrollada durante décadas por productores, técnicos, empresas e instituciones argentinas. Por supuesto, hay mucho por mejorar. La eficiencia en el uso del nitrógeno, las emisiones de óxido nitroso, la eficiencia energética, el manejo de nutrientes, la conservación de suelos y la gestión del agua deben continuar evolucionando. Pero mejorar no significa aceptar cualquier metodología como verdad revelada.

Y aquí aparece una cuestión que suele quedar fuera de la discusión: las tablas de factores de emisión no son leyes de la naturaleza. Son resultados de metodologías, supuestos, coeficientes y bases de datos construidos a partir de determinadas realidades productivas. Un factor calculado sobre matrices energéticas, sistemas de labranza, rendimientos, distancias logísticas o estructuras productivas diferentes puede no representar adecuadamente el desempeño de un productor argentino. La consecuencia puede ser paradójica: que una agricultura objetivamente eficiente termine penalizada porque es evaluada con una regla construida para otra realidad. 

No debemos confundir medición con verdad, ni certificación con sustentabilidad. Un mercado voluntario que remunere genuinamente una reducción de emisiones es una oportunidad. Una certificación que permite acceder a un comprador que paga una prima suficiente puede ser un negocio. Una metodología científica, transparente y adaptada a nuestras condiciones puede mejorar la gestión productiva. Pero convertir ese esquema en una obligación generalizada, trasladando sus costos al productor sin su acuerdo y sin una contraprestación económica equivalente, puede transformar una herramienta ambiental en una barrera comercial de nuevo tipo. 

Argentina debe conservar sus suelos, proteger inteligentemente sus bosques, administrar responsablemente el agua y reducir las emisiones evitables. Pero debe hacerlo con ciencia, datos y prioridades productivas argentinas, sin aceptar que la sustentabilidad se convierta en una nueva forma de administrar el comercio internacional desde fuera de nuestras fronteras. El desafío no consiste en elegir entre producir y cuidar el ambiente. La agricultura argentina ya está demostrando que ambas cosas pueden convivir. El verdadero desafío es no permitir que, detrás de una palabra tan noble como sustentabilidad, terminemos pagando para demostrarle al mundo aquello que nuestros propios datos ya empiezan a demostrar. Porque una cosa es producir mejor para cuidar el planeta. Y otra, muy distinta, es producir peor para cumplir con una regla que otro escribió. La primera es progreso. La segunda es subordinación.

(*) Ingeniero Agrónomo (MP: 607 CIALP) -Posgrado en Agronegocios y Alimentos- "X": @MARIANOFAVALP