La casta avanza: autosalariazo y freno a la imprescindible obra pública
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EL DIARIO digital
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Una de cal...
El asentamiento El Nuevo Salitral, más allá de la tragedia económica que permitió su inédita radicación en la capital pampeana, puede llegar a convertirse en un antecedente del cual pueden sentirse orgulloso las autoridades locales, y un faro para distintos hechos similares que ocurren en diferentes puntos país.
De prosperar la posibilidad que se abrió en la última audiencia judicial realizada la semana pasada, de comprar los terrenos al propietario original, ese sector más postergado de la sociedad -los pobres- dejarían de acceder a la tierra a través del único modo que hoy pueden: la ocupación.
Las familias de El Nuevo Salitral ya se ilusionan con pagar esos lotes con el auxilio del Estado, ya sea municipal o provincial. Lo único que falta es la decisión política y aceitar los mecanismos para que se concrete.
Para eso, el tiempo -que siempre es tirano- ya empezó a correr. La jueza civil Susana Fernández dispuso de un cuarto intermedio de un mes (30 días), para llegar a esa alternativa y evitar el proceso penal.
En actual gestión del municipio santarroseño, a pesar del signo político que lo gobierna, siempre miraron con desconfianza esa chance. Habrá que ver ahora si el tema sigue siendo tan espinoso, como lo fue siempre, para el intendente Luciano di Nápoli.
En la audiencia, además de las familias, estuvo el secretario de Desarrollo Social del municipio, Marcos Álvarez Echeveste, la directora de Niñez, Adolescencia y Familia de la comuna, Ana Sofía Pérez Dupont y el defensor de Niños, Niñas y Adolescencias de la provincia, Juan Pablo Meaca.
El Estado provincial tampoco queda tan lejos con sus responsabilidades. Salvando las distancias, en un caso de equiparar los derechos, por ejemplo, el Gobierno Nacional decidió enmendar un nuevo cachetazo hacia los que menos tienen y decidió que no había incompatibilidades entre los programas Potenciar Trabajo y Becas Progresar.
En el inicio de la semana se había conocido, con cierto grado de preocupación, que el Ministerio de Desarrollo Social suspendió el pago del Potenciar Trabajo ($25500) a cuyos beneficiarios son poseedores del programa de becas PROGRESAR ($6400), aludiendo que ambos beneficios son incompatibles.
El pataleo y el reclamo de las organizaciones sociales, entre ellos la Corriente Clasista y Combativa, surtió efecto y se dio marcha atrás. No era una buena señal, cuando al mismo tiempo -en estos días- los sectores más poderosos de la sociedad accedieron a un dólar "especial", que les permite acrecentar sus ganancias con la liquidación de granos.
...y una de arena
La preocupación del Estado provincial, con intimación mediante a Aeropuertos Argentina 2.000 por la situación de los aeropuertos en La Pampa, tenía su razón de ser y no fue en vano.
Quedó demostrado sobre el final de esta semana, cuando una invaluable ablación de órganos en el Hospital "Dr. Lucio Molas" quedó en el centro de todas las miradas por la falta de operatividad de la terminal aérea de la capital pampeana, que estará así al menos hasta fines de noviembre por la realización de obras.
El caso no trascendió hasta que un médico de Buenos Aires planteó y blanqueó la problemática a través de las redes sociales.
Si bien la intervención médica estaba salvada -de hecho, la terminaron haciendo profesionales locales- el problema surgió a la hora de realizar el traslado de los órganos (solo riñones y córneas, por complicaciones propias del paciente).
Las aclaraciones llegaron desde diferentes sectores, incluso desde AA 2000 que se había mostrado esquiva a los interrogantes que su momento le planteó le Fiscalía de Estado de la provincia. Sin embargo, las dudas persisten frente a lo que pueda suceder con una emergencia.
Otro sector vinculado a la seguridad, y a largas jornadas de trabajo, inició una lucha por los derechos laborales que no le son reconocidos por el Estado: se trata de la rama de los choferes.
El gremio de ATE, donde quedaron organizados, fue el que enumeró las deficiencias de la situación laboral: el sindicó precisó que trabajan "sin tener un seguro acorde a su labor, sin horas de descanso, sin ropa adecuada para la función, sin espacios de trabajo que garanticen su salud y seguridad, sin un reconocimiento económico a la complejidad de su actividad ni a la real carga horaria, sin una jubilación que les reconozca que su tarea es riesgosa, penosa y de envejecimiento precoz, sin una rama que los contenga y sin un reconocimiento a la responsabilidad y disponibilidad que cumplen cotidianamente".
Lo que se planteó, concretamente, es una decisión política del Gobierno Provincial de "poner en valor" su función y un reconocimiento a "tantos años de entrega".
Lo que pasó con los obradores vinculados el Gasoducto Néstor Kirchner fue bastante insólito y con repercusiones y consecuencias dispares. Mientras en Macachín lamentan la pérdida de millones de pesos, a partir de un mezquino planteo de los concejales del PRO, en otras localidades celebran la llegada de un movimiento de personas y recursos que tendrá gran impacto en las economías locales.
