Opinion

Historia de una lucha que requiere de una firme decisión judicial

La reivindicación de la pelea por el río Atuel necesita en esta hora que la Corte tome una decisión para no quedar ella misma en ridículo.

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EL DIARIO digital

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El Día de Lucha por el Río Atuel tuvo en Santa Rosa, este lunes, una reivindicación a la altura de las circunstancias, con alto volumen político, una apuesta artística para dar esa batalla cultural, presencia oficial y coherencia discursiva con lo que la Provincia viene planteando de manera casi unánime desde hace largos años.

La jornada que se destaca ahora en el calendario refiere a aquel día del año 1947 en que el operador radiotelegrafista Ángel Garay notificó al presidente Juan Domingo Perón sobre las consecuencias del corte del recurso hídrico.

Garay cumplía funciones como encargado del Destacamento Policial en el paraje "Paso de los Algarrobos" y su telegrama describió los nefastos resultados sociales, productivos y ambientales derivados de la interrupción del río por parte de las autoridades mendocinas.

El hecho de poner en foco un episodio que sucedió hace 75 años, también permite revisar que incluso dentro de la provincia hubo momentos de omisiones, silencios, pactos frustrados y olvidos.

En ese proceso, fueron más consecuentes que los gobiernos las demandas formuladas por pobladores, organizaciones no gubernamentales, ciudadanos comunes e incluso profesionales del Derecho que resultaron los que auténticamente dieron el primer paso ante la Corte Suprema.

La firmeza estatal en los reclamos por el "río robado" es relativamente reciente, en términos históricos, pero desde ya que las responsabilidades que los actores políticos locales hayan tenido en esa pereza o desidia no es ni por asomo comparable al doloso modo en que las autoridades mendocinas condenaron al atraso a una región de nuestra provincia.

La jornada del lunes coincidió con un nuevo planteo del gobierno pampeano para que la Corte Suprema de Justicia protagonice algún paso que no la deje a ella misma en ridículo: el máximo organismo judicial determinó una serie de acciones a cumplir para que se haga justicia (tardía y parcial, pero un poco de justicia al fin), pero sin embargo por la reticencia de la provincia cuyana esas decisiones no se hacen realidad.

Es necesario e imprescindible que la Corte acceda a la petición pampeana, al menos si pretende sostener con el codo lo que escribió con la mano, y si sigue manteniendo el aparente compromiso con fallos judiciales que cambien el paradigma respecto del modo de afrontar la cuestión socioambiental.

Claro está que esa expresión de deseos también parece en cierto modo desfasada de la realidad, puesto que el lamentable contexto indica que el Poder Judicial luce manchado por sus propias acciones, con la mismísima Corte en el centro de la escena por una serie de decisiones arbitrarias que exceden sus facultades lógicas y una integración acotada que le resta legitimidad.

Es difícil en ese panorama esperar del máximo organismo judicial lo que se necesita y sería equitativo: una firme decisión que haga práctico lo que quedó escrito en un papel.

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