Maniobra en evidencia y fracaso dirigencial

Una de cal…

La maniobra mendocina para seguir adelante con Portezuelo del Viento como si nada extraordinario hubiera ocurrido en las semanas previas, dejó más en evidencia aun a la provincia cuyana.

Su desplante al resto de las provincias que integran la cuenca del Río Colorado y al propio gobierno nacional que hizo una apuesta al diálogo de las distintas partes involucradas, se complementó con algo que estaba cantado: hubo una sola oferta, con nombres ya previstos, porque el emprendimiento, además de constituir un severo daño al ambiente, fue pensado como un multimillonario negocio con sus ganadores digitados.

La apertura de sobres que Mendoza hizo a espaldas del resto de quienes integran el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) no resultó más escandalosa porque en realidad ya hace largo tiempo que el gobierno cuyano viene dando muestras de su desinterés total por cualquiera de las necesidades de otros territorios del país.

Para completar el escenario montado en torno a esa apertura licitatoria (donde hizo su aparición el consorcio liderado por la empresa china Sinohydro, con sus socias Ceosa, Impsa y Obras Andinas), autoridades de diverso ámbito y calibre pretendieron meter nuevas presiones sobre un gobierno nacional que en este aspecto ha cumplido la ley a rajatabla: destinó a Mendoza un pago porque quedó rehén de una maniobra del macrismo, pero de inmediato modificó su política pública convocando a que las provincias afectadas impongan por goleada su posición.

En las condiciones actuales es imposible que Portezuelo dé algún paso adelante y el trámite desarrollado el viernes no constituye más que una pantomima por parte de quienes creen que su actitud pendenciera y su conducta barrabrava les puede seguir dando réditos, pese al cambio de escenario político y a que la obra está flojísima de papeles.

En el colmo de ese posicionamiento, el exgobernador mendocino Alfredo Cornejo -que con el macrismo canjeó favores para Portezuelo por hacerle un espacio en la fórmula presidencial a Miguel Pichetto- lanzó una amenaza increíble (en el sentido literal del término) respecto de que el territorio al que representa debiera “independizarse” de la Nación.

Cada paso que da Mendoza en este nuevo marco, vuelve más ridículas sus pretensiones, pero lo bizarro no quita lo peligroso, puesto que hay muestras suficientes de lo que es capaz esa provincia cuando se trata de apropiarse de recursos (especialmente hídricos) que no le pertenecen.

Tal como fue resuelto en COIRCO, el norte de las jurisdicciones sometidas a los manotazos asoma claro: no hay Portezuelo sin estudios de impacto ambiental serios y convincentes, no hay Portezuelo sin participación de todas las provincias de la cuenca en su diseño y administración.

Para ello, es imprescindible que las autoridades pampeanas, neuquinas, rionegrinas y bonaerenses, mantengan su unidad de acción, luzcan atentas a las ofensivas cuyanas y en conjunto sostengan esas razones para evitar cualquier paso imprevisto del gobierno nacional.

…y una de arena…

Así como en el caso Portezuelo el gobierno nacional convocó a un diálogo y obró en consecuencia, poniendo a la acción política a andar con ese objetivo, suena poco menos que inverosímil que dos ciudades tan cercanas que casi son una misma no puedan acordar un aspecto tan sencillo como las normas básicas elementales del tránsito en la avenida que las une (¿o que las divide?).

Santa Rosa y Toay hace 11 años que discuten por cuestiones que parecen una nimiedad, y que sin embargo bien podrían constituir una primera coincidencia para pensar en un futuro donde se tomen otras decisiones, quizá más necesarias y estratégicas, tirando de un mismo carro.

Toay tiene en la avenida Perón una velocidad máxima de 70 kilómetros horarios y privilegia en las rotondas la circulación de quienes transitan por la avenida; en Santa Rosa esa máxima es de 60 km/h y tienen prioridad quienes circulan por la rotonda.

Esas dos situaciones, que en apariencia no resultarían tan difíciles de acomodar en coincidencia, sin embargo representan una imposibilidad de consenso: se extienden las reuniones, se hacen conciliábulos, se consultan especialistas, se lee de una forma y otra la ley nacional, se analizan alternativas… y el resultado sigue siendo el mismo.

En resumen: una frustración de quienes representan a la comunidad, un fracaso de la dirigencia política.

¿Qué puede esperarse, si frente a esa cuestión las posturas respectivas no pueden ceder, cuando se conversen asuntos quizá más profundos, como la generación de fuentes laborales, el control del servicio de transporte, la unificación de las normativas nocturnas, la implementación conjunta de atractivos turísticos, la pelea mancomunada contra el déficit habitacional, solo por mencionar algunos aspectos de los que hay muchos más?

En este caso puntual habían existido prometedores acercamientos entre integrantes de ambos concejos deliberantes, al punto tal que en las semanas previas se había dado a entender oficialmente a la opinión pública que ya había reales acuerdos para un avance, pero repentinamente todo ese supuesto consenso se vino abajo.

La situación no es exclusiva de dirigentes de la política santarroseña y toayense, y tampoco privativa de algunos de los partidos, sino que abarca en general a quienes tienen importantes niveles de decisión pero muchas veces quedan enfrascados en dimes y diretes que si no fueran tan habituales provocarían vergüenza ajena.

El modo en el que la llamada “clase política” resuelve (o no) algunos de sus conflictos lejos está de dar tranquilidad y garantías a la ciudadanía: la última semana ha sido especialmente ejemplar en ese sentido, con un jefe policial renunciante tirando munición verbal de grueso calibre a quienes ocupan u ocuparon ministerios, o con actores legislativos que no pueden solucionar sus disidencias de modo maduro y terminan votando cosas diferentes, protagonizando internas en asambleas de escasa representación o directamente pidiendo a quienes eran sus compañeros de banca que abandonen el lugar.

Mientras persista la idea de que lo prioritario es el espacio de poder, mientras la puja sectorial sea más importante que el bien común, tendrán lugar esos espectáculos penosos que a los actores sociales y políticos les restan prestigio y credibilidad frente a la sociedad a la que se deben.