El freno que la Fase 1 le puso al brote de coronavirus no pudo acallar las voces críticas que cobran visibilidad en el contexto de la pandemia. La situación en los lugares de detención es compleja y requiere de respuestas urgentes y de fondo.

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Una de cal…

Con la prudencia que aconseja la hora y la cautela a la que obligan los tiempos que se viven, la que se fue resultó finalmente una semana con noticias alentadoras, que trajo alivios de distinto tipo: el acuerdo del gobierno nacional con los acreedores más firmes de la deuda abre la puerta a nuevas expectativas y posibilidades, en tanto que se diluyeron los brotes de coronavirus que en la provincia habían generado temor y angustia.

Aun así, el ruido del interés político y las conveniencias sectoriales se traducen en interpretaciones diversas, que en algún caso suenan desfasadas respecto de la realidad más inmediata, y que posiblemente sirvan para arriar agua al molino de quien las motoriza.

Reina cierta “rebeldía” en sectores sociales, que se vuelve evidente a la luz de determinados comportamientos y el nivel de circulación, y así como hay órganos estatales que luchan contra esa pulsión para tratar de contener la prioridad de la salud pública, otros espacios prefieren alzar la voz para contentar a sus bases de representación.

El regreso a la Fase 1 en la provincia resultó tan antipático como se preveía, pero a la luz de los resultados puede evaluarse como un éxito, puesto que el brote que se disparó en una semana y que hacía prever lo peor para los días subsiguientes se vio rápida y efectivamente controlado.

Eso no implica que -como se ha señalado en estas líneas- el gobierno no se deba alguna autocrítica, también en el sector de Salud, respecto de sus formas de comunicar o en algunos casos de actuar, e incluso pueda revisar algunas prácticas que exponen a su propio personal.

Los que suenan desubicados, frente a ese escenario, son ciertos planteos extemporáneos y radicales, que pueden ser hasta comprensibles en una porción de la sociedad que integran personas que se permiten dudar de la existencia del virus y compran recetas con cierto agite mediático, pero que se vuelven otro asunto -más riesgoso- en bocas dirigenciales.

Así ocurrió que la minoritaria marcha convocada en la Plaza San Martín por comerciantes afectados por la nueva paralización económica se nutrió también de referencias de otro tipo, que denuncian las manipulaciones tendientes al “nuevo orden mundial”, lo que le hizo más fácil el camino a la Cámara de Comercio para despegarse de una manifestación con esa orientación.

En cambio, las referencias que en la semana que se fue pronunció un dirigente de la UCR que tiene real importancia en la escena local (Leandro Altolaguirre fue intendente de la capital provincial hasta fines del año pasado) constituyen un despropósito y solo pueden ser interpretadas a la luz de un posicionamiento político que también busca hacer mella sobre el comportamiento responsable y mesurado que ha tenido el bloque de diputados provinciales que lidera su enemigo interno Francisco Torroba.

Se supone que solo en el mediano o el largo plazo podrán medirse los reales alcances y resultados del accionar político frente a una crisis inédita de la que no existen antecedentes, y está claro que también corresponde a la dirigencia aplicar especialmente una dosis de compostura y empatía, pero es desgraciadamente cierto que a nivel internacional trascienden también los buenos negocios políticos que hacen algunos líderes que eligen el camino de la irracionalidad y la provocación.

…y una de arena.

 

El brote de coronavirus expuso por fin con todas sus letras un problema que viene de arrastre y que estaba relativamente invisibilizado: la situación en los lugares de alojamiento de detenidos y detenidas en nuestra provincia es de una gravedad que durante este tiempo se ocultó o de la que no se tomó real dimensión.

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Esa circunstancia hizo que después de conocido un caso de coronavirus en una detenida en la Seccional Sexta -que encendió las alarmas ante la posibilidad de que hubiera nuevos contagios-, el jefe de Policía Héctor Lara tuviera que reconocer lo excedidas que están las estructuras donde se alojan personas detenidas.

Aun así, el funcionario policial relativizó los alcances de esa situación, minimizó la realidad y esquivó pronunciar la palabra “hacinamiento”, que es lo que existe verdaderamente y vuelve imposible la idea de un aislamiento social en ese sector.

El Ejecutivo se movió con cierta diligencia para conseguir un parche de ocasión: la posibilidad de alojar personas detenidas en las alcaidías de los centros judiciales, como acordó con el Superior Tribunal de Justicia, es un salvataje en esta hora pero de ningún modo una medida definitiva que garantice cierto alivio.

El incumplimiento de compromisos por parte del Servicio Penitenciario Federal es, desde ya, una de las razones-madre de que no haya lugar para alojar a personas detenidas en nuestra provincia, del mismo modo que es indisimulable a esta altura que la vida de esas personas no ha sido prioridad para los poderes de decisión.

También el Poder Judicial tiene respuestas que dar, tanto de fondo como en la extrema coyuntura: por un lado, cada vez se hace más necesario hallar respuestas alternativas a la privación de la libertad, puesto que las decisiones manoduristas, plegándose a olas también mediáticas y de demandas sociales, se demuestran a sí mismas un “boomerang” cuando se chocan con este cuello de botella.

Por otro lado, organismos superiores han estado negando en las últimas semanas el otorgamiento de prisiones domiciliarias, quizá también enfrascados en ese espíritu punitivista que concibe al encierro como única salida.

El Poder Judicial puede aspirar a que los ejecutivos resuelvan el problema, pero en el panorama actual es dificultoso pensar que los gobiernos (nacional, provincial o local) van a poner como prioridad presupuestaria la construcción de cárceles, alcaidías o lugares donde encerrar a más personas, cuando las necesidades principales y evidentes pasan por otro lado: atender la crisis sanitaria, menguar el hambre y otros problemas sociales urgentes, generar fuentes laborales e incentivar la producción mientras se sale del acuciante problema de la histórica deuda acumulada.

Por lo tanto, la llamada “justicia” también tiene en este caso un papel que cumplir, antes de que ocurra lo que ya está avisado, puesto que la situación en los lugares de detención es realmente explosiva.