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EL DIARIO digital
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La situación alimentaria de la infancia en Argentina se agravó de forma sostenida durante el último año. Según datos relevados por una universidad nacional, más de 4,3 millones de chicos y chicas —el 35,5?% del total— atraviesan alguna forma de privación alimentaria. Dentro de ese grupo, el 16,5?% se encuentra en una situación severa, sin acceso garantizado a alimentos básicos ni condiciones mínimas de nutrición.
El informe refleja que estas privaciones se concentran especialmente en hogares con empleo informal o directamente sin trabajo, donde no existe ingreso fijo ni redes de contención. También se observa una mayor incidencia en familias numerosas, en hogares monoparentales encabezados por mujeres y en zonas alejadas de los grandes centros urbanos. El mapa de la crisis se expande hacia el interior del país, donde las condiciones estructurales acentúan el impacto de la pobreza.
A lo largo de la última década, políticas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar actuaron como contención parcial. Sin embargo, el efecto de la inflación, la devaluación y el recorte de programas sociales redujo notablemente su alcance real. Muchos hogares que antes lograban sostener niveles mínimos de consumo, hoy no alcanzan a cubrir una alimentación diaria completa para sus hijos.
El estudio señala que solo el 44?% de las infancias está actualmente libre de privaciones alimentarias. Un 15?% logró mejorar su situación respecto de años anteriores, pero otro 15?% empeoró, y más del 25?% se mantiene en niveles críticos sin cambios positivos. El resultado general marca una alerta roja en términos de desarrollo social y salud pública.
Además de los efectos físicos, las consecuencias son profundas en términos cognitivos, emocionales y escolares. Niños y niñas que no acceden a una nutrición adecuada muestran mayores niveles de ausentismo, dificultades de aprendizaje y problemas de crecimiento. En muchos casos, esta vulnerabilidad se transmite de generación en generación y se vuelve estructural.
Organizaciones sociales y especialistas en infancia coinciden en que la combinación de inflación, desempleo y ajuste fiscal genera un cóctel explosivo que deja a millones de chicos en situación de riesgo. La reducción de partidas destinadas a comedores comunitarios y la discontinuación de planes alimentarios escolares agravan aún más el panorama.
El documento concluye con una advertencia clara: si no se recuperan programas de asistencia directa, si no se garantizan ingresos mínimos y si no se fortalece la presencia del Estado en el territorio, la crisis alimentaria infantil continuará escalando. Se trata, insisten, no solo de una emergencia coyuntural, sino de una fractura que compromete el futuro del país.
