Un ejemplo de la necesidad de Estado presente, en medio del show de la crueldad
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
Una de cal…
Aunque estaba cantada y escrita hace largo tiempo, la condena a la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner representó un impacto político que provocó un cimbronazo también en nuestra provincia, a partir de las consecuencias políticas que esa decisión genera.
El fallo del Tribunal Oral Federal 2 de la ciudad de Buenos Aires resultará paradigmático, posiblemente con más razón cuando pasen los años suficientes como para ver los episodios actuales en perspectiva y no bajo la mirada urgente y conyuntural que a veces nubla o solo permite ver el árbol y no el bosque.
El dictamen, necesariamente, eleva al máximo nivel de desprestigio a la institución Poder Judicial, a partir de que -incluso de manera independiente de los planteos dirigenciales- la mirada de la población sobre ese espectáculo contribuye a incrementar el descrédito de un ámbito ya manchado por su comportamiento de casta y por su naturaleza antidemocrática, entre otros aspectos que lo caracterizan.
Resulta sumamente dificultoso en las actuales condiciones ingresar en un racional y sensato análisis sobre la causa judicial, puesto que en todo el proceso lo que primó fue un vergonzoso interés de llegar al resultado al que se arribó: una sentencia que les permitiera a determinados sectores políticos repetir que Cristina Fernández de Kirchner es una condenada.
De hecho, la dirigencia del macrismo pampeano no tardó en festejar en las redes sociales esa medida, como si de veras pudiera encontrarse alguna convicción o comportamiento imparcial de parte de las autoridades judiciales que fueron interviniendo sucesivamente, y que exhiben en sus legajos y curriculums comportamientos deleznables desde el punto de vista institucional, además de complicidades y amistades interesadas con distintas referencias del poder.
No dicen estas líneas -ni son su interés ni su deber- si la vicepresidenta es inocente, pero sí alertan sobre un desarrollo descomedido que volvió a esa condena inverosímil, y que solo por un muy fuerte entramado de impunidades es ocultada o relativizada en los espacios públicos del establishment o entre los dirigentes de la alianza beneficiada políticamente con la decisión judicial.
La situación es de una gravedad institucional que en todo caso es ahora más patente, pero que tampoco es más importante que la que se padecía hasta una semana antes: determinados espacios -muy claves- del Poder Judicial, en alianza con corporaciones, medios hegemónicos porteños y servicios de Inteligencia tienen un real manejo de las normativas vigentes y en general de muchos aspectos que establecen las condiciones de vida de una población.
La mentada reforma judicial, que ha sido tan agitada pero siempre queda a mitad de camino, se vuelve imprescindible para establecer elementales reglas de convivencia democrática, que tiendan a lo que paradójicamente los sectores ahora tan extasiados interpretan como valor y principio: el republicanismo.
…y una de arena…
La vicepresidenta despierta enemistades y odios en importantes porciones de la población, del mismo modo que tiene una muy nutrida militancia que la admira, reivindica su historia y la promueve como lideresa política.
Saliéndose de los fanatismos, no puede dejar de advertirse sobre una de las sentencias que soltó tras el fallo: dijo que nunca será "mascota del poder", con lo cual alertó sobre una conducta de buena parte de la dirigencia política de someterse, en general, a los deseos y órdenes de los poderes fácticos.
El gran ejemplo de esta semana fue ese viaje al sur del país, donde se establecieron complicidades que no son novedad alguna entre autoridades del PRO, funcionarios judiciales de altísimo nivel de responsabilidad, empresarios multinacionales, referencias centrales del Grupo Clarín y representantes de los servicios de Inteligencia, "sótanos de la democracia".
Ese vuelo al sur y ese chat, lejos de ser novedad o asunto extraordinario, parecen ser moneda corriente y práctica habitual en sectores que gozan de impunidad y que se autoprotegen en los distintos ámbitos que manejan, y que aunque se suponga que son democráticos en realidad son de un claro "oscurantismo", para utilizar la oportuna palabra que eligió el gobernador pampeano Sergio Ziliotto.
Aunque haya espacios que prefieran disimular esa tendencia, en la propia comunidad reina la certeza de que un porcentaje no desdeñable de quienes tienen la misión de representar al pueblo se comporta en realidad como si fuera delegado de otros espacios de poder e intereses económicos.
Ese asunto es obligado debate central de la Argentina, muchas veces impedido por la grieta, pero vital para determinar el destino del país.
No por azar los dichos de Cristina generaron una convulsión política porque también anunció que no será candidata a nada en las elecciones del año que viene, pese a que nadie duda de que es la persona que ocupa la centralidad del sistema político argentino.
Lo que esa circunstancia exhibe de manera potente es el enorme poder fáctico que está por encima de las simpatías sociales, de los votos y de la democracia entendida como tal: a casi 40 años de la puesta en marcha de ese sistema que se supone el gobierno del pueblo, asoma como peligrosamente evidente que hay factores que inciden en la vida de la población mucho más que el propio voto de la ciudadanía.
La dirigencia política tiene la obligación de trabajar para revertir esa triste realidad, por más que las consultoras aconsejen no ocuparse de ese tema o que las encuestas les muestren que no aparece entre las problemáticas urgentes de una población que desde ya tiene otros inconvenientes, pero que justamente encuentran en ese comportamiento antidemocrático buena parte de su raíz.
