La movilización popular le puso un freno al poder desaforado
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EL DIARIO digital
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En medio de la debacle económica y de una corrida cambiaria dañina para el bolsillo de los que menos tienen, una parte de la dirigencia política -que todavía sabe cuál es el rol que debe adoptar más allá de sus creencias ideológicas- tuvo la lucidez de sancionar dos normativas con un fuerte impacto colectivo y en diferentes grupos sociales: la nueva Ley de Alquileres y la implementación del programa "Compre sin IVA".
La primera iniciativa corrige una serie de deformaciones que provocaron las anteriores reglas de juego y que dispararon el precio de los departamentos y viviendas a valores impensados.
Desde la Asociación de Inquilinos no dudaron en calificar a la medida como "un logro" que apunta al "bienestar de los argentinos que alquilan", según palabras de la santarroseña Fabiana Happel, referente local de ese grupo organizado.
Sin embargo, detrás de esos cambios a la propuesta original hay algunos puntos que se deberían seguir de cerca.
Entre los principales cambios de la ley se destaca la actualización semestral del valor de los contratos, y la introducción de algunos beneficios fiscales para los propietarios. Los detalles de la norma se verán una vez que esté reglamentada y publicada en el Boletín Oficial.
Lo primero que hay que dejar en claro es que quienes ya estén con contratos de alquiler vigentes continuarán bajo el paraguas de la ley anterior, ya que la flamante reglamentación comenzará a aplicarse en los nuevos contratos una vez que se oficialice. De este modo, por unos años van a convivir los dos sistemas.
En líneas generales, las modificaciones impulsadas por el oficialismo no son vistas como positivas por el sector inmobiliario. "Aunque suena bien desde lo discursivo, no es así en los hechos", dicen. Otros consideran que es "echarle nafta al fuego".
Para el inquilino la flamante ley no implicará diferencias al momento de firmar los nuevos contratos debido a que, al igual que la norma anterior, estos tendrán tres años de vigencia. Lo que sí cambiará es el tiempo en el cual se podrá actualizar el valor del alquiler ya que antes se hacía cada un año y ahora será de manera semestral. Algo que ya muchos hacen en medio de la creciente informalidad de los contratos y que podría ser una buena noticia para el que alquila.
Sin embargo, mientras la norma de 2020 tomaba el Índice para Contratos de Locación (ICL) del Banco Central para establecer el porcentaje de la suba, ahora la variación se atará al Índice Casa Propia. Se trata de un indicador que promedia la variación salarial y la de la inflación y que se utiliza para las cuotas de créditos de vivienda única y Procrear. Este índice está bajo la órbita del Ministerio de Hábitat y Territorio de la Nación y es entre 25% y 40% menor que el mencionado ICL.
La advertencia del sector inmobiliario es que si el índice se actualiza por debajo de la inflación, serán más los propietarios que evitarán la renta con el gran impacto que se vive hoy en los precios, cuando el valor de un alquiler supera con creces un salario promedio.
La segunda iniciativa para -la devolución del IVA- consiste puntualmente en la devolución de ese impuesto en las compras de productos de la canasta básica, por un monto de hasta $ 18.800 mensuales.
La nueva medida incluye a los trabajadores formales con ingresos de hasta 6 salarios mínimos, monotributistas y trabajadores de casas particulares. Hasta ahora, solo los jubilados con hasta 3 haberes mínimos, los titulares de pensiones no contributivas y los beneficiarios de la AUH tenían acceso al beneficio.
El beneficio alcanza a las compras de productos incluidos en la canasta básica alimentaria y de higiene personal, y la devolución es automática dentro de las 48 horas de efectuado el gasto. Es así, cuando el Estado quiere, puede.
… y una de arena
También hay muchísimas situaciones donde esa misma organización política -el Estado- debe asumir responsabilidades porque no le queda otra. Porque la sociedad así lo demanda, y porque la presión social a veces es tan fuerte (como necesaria) que derriba cualquier barrera.
Un ejemplo concreto es lo que pasó en los últimos días con el Caso Lucio Dupuy. Al jury no le quedó otro camino que impulsar la investigación, con suspensión mediante, de la jueza de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester, y la asesora de Niños, Niñas y Adolescentes, Elisa Alejandra Catán.
La decisión se tomó luego que el procurador general, Mario Oscar Bongianino, las acusara de mal desempeño en la tramitación de los expedientes por la tutela y el cuidado personal del niño brutalmente asesinado por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su novia, Abigail Páez, ambas condenadas a prisión perpetua.
Los ministerios de Salud y Educación tampoco tuvieron muchas opciones y -luego de una recomendación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas- iniciaron once sumarios a diferentes agentes públicos de ambas carteras provinciales.
La FIA detalló además en una resolución una serie de recomendaciones para las autoridades provinciales para prevenir y erradicar el maltrato infantil.
La resolución la firmó el titular de la FIA, Juan Carlos Carola, el pasado 7 de setiembre, pero recién trascendió la semana pasada a través de las redes sociales del organismo. Unos días después, los ministerios de Educación y Salud decidieron impulsar los sumarios recomendados. Ahora, la instrucción de cada caso volverá a la FIA.
Tal como se escribió en esta misma columna, la familia del nene santarroseño ya vivió una prolongación del dolor y de la tristeza con el inicio y el desarrollo del juicio por el infanticidio, bajo la segura claridad de que la vida del niño no puede recuperarse y de que sus derechos ya fueron vulnerados de manera cruel.
Ahora llegó la hora de que paguen los que no hicieron nada. Y el Estado debe poner todo lo necesario para que eso suceda.
