Alivio insuficiente frente al UVA y más nafta al fuego de la CPE

Una de cal…

El Congreso Nacional finalmente intervino para darle media sanción a una ley que se propone aliviar de algún modo a las personas que accedieron a una vivienda familiar mediante uno de los créditos UVA que impusieron en sociedad el gobierno de Mauricio Macri y la corporación banquera.

La normativa impone algunas medidas que en algún punto ya son una realidad, como el hecho de que nadie pague cuotas mensuales que excedan el 30% de los ingresos; también establece la aplicación de un nuevo índice, en principio más benigno del que se hizo extendida moda a partir de 2015.

La medida abarca únicamente a quienes accedieron a ese tipo de créditos para la construcción o adquisición de una vivienda familiar, no para quienes los utilizaron por ejemplo para la inversión con expectativas de renta.

Un universo mucho más pequeño de personas alcanzadas por el UVA ya habían obtenido un salvavidas: quienes accedieron a un Procrear de Desarrollo Urbanísticos por medio del Banco Hipotecario también habían quedado rehenes de los bancos, porque el gobierno neoliberal tergiversó el sentido de esos préstamos para hacerlos un negocio de las entidades financieras, pero una intervención estala en ese caso hizo que los deudores comenzaran a pagar cuotas más bajas de acuerdo al Coeficiente de Variación Salarial.

Aunque la ley que el Congreso trató en la semana que se va asoma como más benévola que esos créditos que quedaron revelados como una estafa y un proceso de usura, deudores y deudoras saben que no es para nada suficiente y siguen sintiéndose víctimas de un sistema que en algún momento los ilusionó pero terminó por acorralarlos.

La protección mediática de que gozan aquellos funcionarios del macrismo que engañaban al pueblo también desde las pantallas de la televisión, vuelve complejo hacer memoria sobre la sarta de mentiras que difundían para convencer a la ciudadanía que acceder a un crédito UVA era una especie de paraíso que hasta entonces solo se conseguía en el llamado "primer mundo".

La nueva norma, como quedó escrito, retoma algunos asuntos ya vigentes a partir de decisiones judiciales e intenta el equilibrio de aliviar a los deudores pero sin tocar el bolsillo de los bancos, que es un territorio en el que la dirigencia política y el Estado hace tiempo que prefieren no meterse.

Por eso mismo cualquier persona que pretenda acceder al nuevo sistema tiene que firmar un compromiso de que no hará o retirará planteos de tipo legal en el que demande a las entidades bancarias que aplicaron y aplican ese índice que modificó para mal la vida de cientos de miles de argentinos y argentinas, de pampeanos y pampeanas.

El proyecto, demoradísimo, intentó aportar un poco más de equidad, pero a partir de cierta tibieza y de la búsqueda de un consenso que siempre termina por beneficiar a quienes tienen el poder y perjudicar a los espacios más vulnerables: a la luz de esos hechos lo que resulta como síntesis es que las víctimas del atropello y el engaño pueden acceder a algo mejor, pero de ningún modo es suficiente y mucho menos hace justicia, sino que deja en la impunidad a los responsables políticos y económicos de ese vergonzoso abuso sobre los sectores populares.

…y una de arena…

La propia conducción de la Cooperativa Popular de Electricidad exacerbó el conflicto que tiene con trabajadores y trabajadoras que decidieron autoconvocarse para reclamar un incremento salarial y que paradójicamente terminaron con el salario achicado a partir de que una represalia sancionó su participación en asambleas que se hicieron en horario de trabajo.

Esa movida se inició hace meses, y aunque tiene varios costados e interpretaciones está basada en un reclamo que parece justo y lógico en una época en que el sueldo de empleados y empleadas no alcanza para acceder a las necesidades elementales de las familias, aún cuando sean ingresos que provienen de trabajos registrados.

Ese personal "autoconvocado" interpretó que las negociaciones entabladas en este tiempo por los gremios representativos de los distintos sectores son insuficientes para lograr un poco más de justicia social que se perciba concretamente en los bolsillos.

Con coherencia, la conducción de la CPE explicó que debía regirse por las decisiones que se toman en esos ámbitos, sobre todo porque las paritarias no solo están legitimadas desde el punto de vista legal, sino porque además implican una legitimación de los espacios sindicales y una reivindicación de un mecanismo repuesto por gobiernos populares que siempre fue negado por administraciones liberales o por dictaduras.

En ese proceso, lógicamente, surgieron disidencias, pero también matices y posibles conversaciones entre las partes, más aún en un ámbito de una ciudad relativamente pequeña donde ese contacto se vuelve casi personal, en el que las personas se ven las caras cada día, y en una entidad que si bien es una empresa es también una cooperativa y por lo tanto parte de la economía solidaria.

Cada una de las partes tenía (tiene) algún poco de razón en sus planteos, e incluso a la mirada de otros espacios trabajadores quedó la sensación de que los sueldos que esos "autoconvocados" interpretan como muy abajo en la escala, son bastante superiores que los que pueden soñar otros sectores de la producción (lo que no implica que haya una degradación de los ingresos de la totalidad de la clase trabajadora).

Lo que sí era inesperado es que la CPE intentara salir de ese laberinto aplicando mano dura y metiendo la mano en el bolsillo a quienes salieron a las calles para reclamar y protagonizaron asambleas argumentadas: el descuento en los sueldos, que asoma como injustificado en un marco en el que se suponía que todavía había lugar para el diálogo, es echarle nafta al fuego y se convirtió en un "boomerang" para la conducción de la entidad solidaria.

A partir de la medida, el espacio autoconvocado cosechó respaldos, del mismo modo en que aparecieron los repudios (también de Luz y Fuerza La Pampa) a la decisión del Consejo de Administración.

Nadie sabe cómo terminará el asunto, pero a primera vista está claro que la dirigencia o recibió un mal asesoramiento, o pifió sus cálculos, o no midió consecuencias o no tuvo la suficiente empatía para comprender que estos trabajadores ya descontentos con sus sueldos reaccionarían con más molestia a indignación ante una respuesta que en vez de escuchar y comprender optó por vigilar y castigar.