Un símbolo de potencia descomunal y la violencia de género otra vez en el foco

Una de cal…

El descubrimiento de una placa en la Universidad Nacional de La Pampa para recordar que en ese lugar se juzgó a genocidas, en el marco del tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en nuestra provincia, es de alguna manera una forma de cerrar un círculo respecto de esos hechos y esa lucha.

El abrazo de Juan Carlos Pumilla y Raquel Barabaschi, que fueron víctimas pero además se referenciaron como figuras que dieron una incesante pelea para imponer el proceso de Memoria y Verdad, fue un momento no solo cargado de emotividad sino con una potencia simbólica literalmente descomunal.

La placa en la Universidad puede parecer un mero trámite y un asunto formal, pero sin embargo la lucha que han dado los organismos de Derechos Humanos, largamente desoídos y ninguneados por el Estado, implica también ese tipo de avances y pasos adelante: monumentos, referencias, museos, diversas formas de ejercer la Memoria, y que además se aparecen en ámbitos cotidianos de la ciudadanía.

Hubo un tiempo en que ese tipo de actos y reconocimientos no entraban en ningún radar, puesto que lo que el Estado había garantizado era impunidad, primero con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y luego, sobre todo, con el indulto del menemismo, en una etapa donde se militaba "el fin de la historia" y quedaba la sensación de que sería muy dificultoso poner a los delincuentes de lesa humanidad en el banquillo.

Hubo que desandar entonces un camino cargado de obstáculos, y eso pudo hacerse solo porque en otro momento político y en otro contexto, en el inicio de las gestiones kirchneristas, el Estado decidió pararse en otra vereda y para entonces ya había una guía cargada de información y convicciones, que habían sido sostenidas por las Madres, Abuelas y Movimientos.

Ese camino derramó sobre nuestra provincia y desde 2010 se concretaron los juicios que permitieron alivio y alejaron la situación de la impunidad absoluta, aunque desde ya que es una lucha que no termina, como lo acaba de demostrar no solo el descubrimiento de esa placa, sino también la reaparición de reclamos que se consideran todavía no atendidos con justicia.

El colectivo que agrupa a las personas que fueron prescindidas de la administración pública en la dictadura sigue batallando para que su petición no caiga en saco roto: esa insistencia se hizo escuchar en la semana que se fue, aun cuando algunas posturas oficiales ya han sido medianamente clarificadas ante la opinión pública.

A esta altura, de todos modos, lo que ese espacio pretende es, además de una visibilización, la posibilidad de que la demanda sea jerarquizada con un encuentro con el gobernador provincial Sergio Ziliotto, en el que además de plantearle el pedido concreto de una indemnización pueda existir un concreto momento de reconocimiento institucional a quienes resultaron víctimas del peor momento de nuestra historia.

…y una de arena…

La denuncia que hizo una mujer acusando a quien era su pareja, permitió no solo que la violencia de género volviera a quedar en el foco, sino que expuso públicamente una serie de costados que acompañan ese fenómeno: la revictimización, el fantasma de la impunidad, el rol del Poder Judicial, el pesar de las infancias.

El acusado es Leonardo Santesteban, poderoso empresario dueño del diario La Arena y columnista no solo en la Radio Noticias que pertenece a esa firma comercial, sino además con un espacio televisivo en el Canal del estado, lo cual también agrega una cuestión a tener en cuenta, sobre todo porque además la denunciante cumple tareas laborales en ese mismo organismo.

Desde ya que será la Justicia la que determine con mayor claridad, y es de esperar que en el tiempo prudente y oportuno, cómo fueron los hechos y cómo deben ser caracterizados, pero lo que nadie olvida es que el mismo Santesteban resultó denunciado de manera similar hace varios años pero el expediente concluyó dejando al empresario libre de culpa y cargo.

Esa situación, que la denunciante de aquella vez vivió con el dolor que causa la impunidad, reinstala esos comportamientos sugestivos, con más razón luego de que Santesteban decidiera utilizar los micrófonos de su emisora para meter indisimulada presión sobre las autoridades judiciales que tienen el caso entre manos.

Desde entonces, el multimedios hizo una encendida campaña en contra de los fallos del Poder Judicial con perspectiva de género: se desarrolló una incesante ofensiva para modificar esa tendencia institucional.

Ahora, de modo desembozado, el comunicador arremetió contra una fiscala y un juez, mencionándolos por sus apellidos, hablándoles de manera directa en tono de autoridad, haciéndoles una pública advertencia, poniéndolos en la picota y sacando provecho del poder y privilegio que significa el manejo de un medio de comunicación.

Esa andanada, complementada además con un ataque sobre el derecho a la información y una agresión directa a El Diario de La Pampa porque cumplió con su deber de informar, también forma parte del asunto, que como ocurre siempre que hay un caso de violencia de género no es una cuestión personal y doméstica, sino un proceso que necesariamente debe ser visibilizado como problemática social.

Más allá de los aspectos de la denuncia, explicados también por la representación legal de la víctima, llamó la atención que en afán de defender su posición el empresario acusado expusiera algunas cuestiones de la propia intimidad de su hijo e hiciera algunas referencias hacia la mujer en donde dejó la sensación de estar potenciando una revictimización.

Con la expectativa de que esta vez sí haya justicia, un grupo de organizaciones feministas y mujeres sindicales salieron a advertir públicamente que pondrán atención sobre la investigación y afirmaron que la situación vuelve a poner en evidencia que la violencia de género "está naturalizada y oculta".