Avances de la Memoria, dudas, retrocesos y debates

Una de cal…

El acto por el Día de la Memoria tuvo en Santa Rosa una carga simbólica especialísima, porque a 47 años del último de los golpes de Estado en la Argentina al fin se inauguró en la capital provincial el Parque de la Memoria, que aun con ciertas carencias respecto del reclamo de los movimientos de Derechos Humanos representa un claro y contundente señalamiento del mayor centro clandestino de La Pampa.

El acto oficial para concretar ese homenaje tuvo no solo la palabra estatal y gubernamental, sino también la de la militancia luchadora y la concreta participación de una víctima del terrorismo de Estado, que aportó reflexiones y sensaciones, y sobre todo una revisión de esa historia que tiene aun aspectos que siguen en debate.

El gobernador Sergio Ziliotto formalizó el pedido de perdón en nombre del Estado, en la misma provincia a la que le costó larguísimos años y enormes debates sacarse de encima el mito de que fue una "isla" durante esa etapa en la que entre pampeanos y pampeanas hubo torturas, desapariciones, muertes, secuestros, víctimas y verdugos.

El actual jefe del Ejecutivo tiene, en ese sentido, el mérito de haber avanzado a fondo para terminar con lo que era una vergüenza: la norma jurídica de facto que regía el funcionamiento de la Policía y que era herencia de esa dictadura fue modificada por una vanguardista Ley de Seguridad Ciudadana y Participativa, que todavía debe ser puesta en práctica de acuerdo a la altura de las circunstancias.

El intendente Luciano di Nápoli, esta vez presente en el acto oficial como corresponde a quien ostenta su cargo, también fue oportuno en la mención de que el golpe ocurrido en el '76 no fue solo fruto de las sugerencias del imperio y su brazo armado militar, sino que contó con el respaldo y la complicidad de sectores civiles, empresariales, eclesiásticos y del Poder Judicial, tantas veces metido bajo la alfombra, como ocurre también con las corporaciones de la comunicación.

Coló además, con prudencia pero haciendo mención, el reclamo de quienes vienen exigiendo una compensación económica -como se ha logrado en provincias vecinas- para las personas que fueron prescindidas por el Estado durante la dictadura, y que desde ya fueron víctimas de esa persecución que derivó en pesares económicos y a veces hasta en el exilio.

Cristina Ércoli, docente, militante, activista, mujer, feminista, hizo el discurso más potente de la jornada, sin disimular las emociones y dejando en claro que la satisfacción generada por la inauguración de ese nuevo espacio para la Memoria en Santa Rosa es el fruto de una lucha popular, de las víctimas y de los movimientos de Derechos Humanos que marcaron la cancha en ese sentido.

Uno de los debates que surcó todo ese proceso sigue vigente, aunque con algunas certezas: el terrorismo de Estado no comenzó el 24 de marzo con la dictadura, sino en la etapa previa, aun con un gobierno democrático que sentó las bases para la persecución y que incluso puso a jugar herramientas y grupos dedicados justamente a la represión ilegal.

…y una de arena…

En La Pampa no ha podido aun darse el caso de la revisión judicial de esos años previos a la dictadura, como sí ocurrió en los últimos tiempos por ejemplo en Bahía Blanca, donde el comportamiento de la Triple A o las patotas sindicales también pudo ser llevado al banquillo de los acusados.

Esos episodios ventilados en la ciudad sureña no son lejanos a nuestra provincia, puesto que varios de los actores que hicieron de las suyas en esa zona portuaria son los mismos que tuvieron participación material y/o ideológica en los hechos investigados en la Universidad Tecnológica de General Pico.

De ahí que especialmente Raquel Barabaschi, víctima en esa época y en ese lugar, insista en la necesidad de poner bajo la lupa el comportamiento que tuvieron dirigentes que después ocuparon cargos de relevancia durante la democracia: alude especialmente a Carlos Aragonés -varias veces legislador y por largos años presidente del PJ pampeano- pero también menciona el rol del exgobernador Rubén Marín.

La historia de la época, desde ya, tiene sombras también atadas a las interpretaciones e incluso a las conveniencias personales y sectoriales, pero una revisión completa arroja necesariamente la certeza de que no todas las personas ni todos los espacios sufrieron del mismo modo el accionar dictatorial: a algunos les tocó la tortura, la desaparición o el exilio, y a otros cierta comodidad o una virtual indiferencia.

La Pampa todavía tiene en ese sentido un camino que recorrer en la exploración de su pasado, donde es deseable que con sensatez y honestidad intelectual puedan analizarse las correlaciones de fuerza, los comportamientos, los miedos, o las deudas pendientes de cada quien.

Se sabe además que ningún ser humano está exento de contradicciones: otro exgobernador presente en el acto de la Memoria, Oscar Mario Jorge, fue autoridad provincial durante los años de plomo, del mismo modo es innegable que el peronismo y la militancia peronista resultaron especialmente perseguidos por esa dictadura (aunque también hay referencias peronistas ilustres en el bando perseguidor).

Una interminable serie de costados de esa historia tenía destino de archivo eterno cuando entre las leyes de impunidad y el indulto parecían condenar a ese proceso a un porvenir de olvido, que fue torcido por la fuerza que hicieron los organismos de Derechos Humanos y por las políticas de Estado que después de 2003 vinieron a remediar ese retroceso con la apuesta a la Memoria, Verdad y Justicia y los juicios por delitos de lesa humanidad.

Otras complicidades sociales también han llegado a los estrados judiciales en distintos puntos del país, aunque suelen ser más bien la excepción, puesto que la regla es que los civiles que fueron coautores de delitos de lesa humanidad mueran impunes, tal como ocurrió hace algunos días con Carlos Pedro Blaquier.