Vulneración sobre vulneración

La situación que se conoció en las últimas horas a través de El Diario, sobre el trance que le hacen vivir a una madre que tiene una severa discapacidad auditiva y del habla, expone una vez más ciertos comportamientos del Estado -o en realidad, de sus autoridades a cargo- en su vínculo con las personas más vulnerables.

Tal como describió el artículo que se publicó en estas páginas, la mujer fue apartada de su hijo durante más de dos meses en que no ha podido verlo ni comunicarse con él.

Todo pese a que el expediente judicial en el marco del que se toma esa decisión no la acusa en ningún momento de haber ejercicio algún tipo de violencia, sino que por el contrario se da a entender que ella misma podía ser víctima de algún episodio de ese tipo.

La intervención central estuvo en manos de la Dirección General de Niñez, con la compañía del Juzgado de Familia número 2, aunque fue tal el revuelo que causó la decisión que derivó en la necesidad de que varios otros organismos estatales tuvieran que mediar.

Esa injerencia de otras oficinas públicas se hizo en el intento de salvaguardar el derecho del niño, pero también la situación de una persona discapacitada y de una mujer que sufrió violencias (no solo la aparente en el seno familiar, sino por parte de las instituciones involucradas en este caso).

El área de Niñez de la Provincia está muy en el centro de la escena desde el infanticidio de Lucio Dupuy, pero va por mal camino si para remontar las negligencias o perezas que esa situación sacó a la luz se elige el camino de la sobreactuación o la exacerbación de mal llamados controles, porque los derechos de las personas más vulneradas se pueden violar de una forma o de otra.

El complicado acceso a la justicia por parte de las personas que padecen alguna discapacidad tampoco es una novedad, pero lo inaceptable es que se persista en sostener esas conductas como si fueran naturales, o las que corresponden: el Poder Judicial –desde ya que salvando excepciones- ha hecho una práctica de esas discriminaciones, y algunas dependencias de otros poderes a veces parecen ir en el mismo sendero.

Hay una enorme necesidad de que puertas adentro el Estado aborde estas problemáticas con sensatez y profundidad, no por espasmos y para responder al escándalo mediático, sino con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables. Y nada podrá mejorarse sin voluntad política, sin formación y sin presupuesto.

También es notable a partir de este caso cómo ciertas acciones por parte de las autoridades se activaron una vez que tomaron conocimiento de que la opinión pública estaba siendo informada de la situación.

La otra cara de esa misma conducta es cierta persecución sobre las personas que pueden resultar "fuentes", o que se atreven a fijar alguna posición con criterio propio en los círculos en que intervienen.

Parece mentira que haya tantos funcionarios o sus entornos prestando tanta atención a esos detalles y a la vez despreocupándose de lo urgente y lo importante.