Acusan a empresarios por ingreso ilegal de los hacheros chaqueños

El Poder Judicial de La Pampa avanza con el caso de los hacheros chaqueños que trabajaban para Cabaña Curaco. La causa por el ingreso irregular de trabajadores chaqueños a la estancia en La Pampa del grupo Vía Bariloche, ya tiene dos imputados, según reveló Cadenasdelsur.

Los acusados son el propietario del predio rural denominado San Carlos, Jorge Hugo Segura, y el administrador de la estancia Cabaña Curacó, propiedad de la familia Trappa, Germán Hirtz. Ambos fueron citados a declarar por el Juez de Control de la Tercera Circunscripción Judicial de La Pampa, Diego Asín. Segura y Hirtz se negaron a declarar y quedaron imputados por el delito de “permitir o facilitar” el ingreso de 17 peones a la estancia, violando la legislación vigente en relación a la cuarentena.

La recopilación de pruebas y testimonios en esta causa que se tramita en la Justicia Provincial, puede abonar el expediente de la Justicia Federal que investiga el posible delito de “trata de personas con fines de explotación laboral”.

El Fiscal Juan Méndez había solicitado la indagatoria, ya que el cúmulo de pruebas obrantes en el expediente permiten avanzar en la imputación y la investigación. Méndez tiene ya por acreditado que 17 trabajadores chaqueños -cuyo nombre, apellido y DNI figuran en el expediente- fueron ingresados a Cabaña Curaco de manera irregular.

Se trata de los peones que fueron llevados desde el Chaco en un colectivo de la empresa Tigre Iguazú -propiedad de Vía Bariloche- hasta el puesto caminero Catriló, donde el día 13 de mayo a las 20,05 horas, fue detenido por las autoridades pampeanas. “En dicha oportunidad personal policial no los dejó ingresar”, explicaron fuentes con acceso al expediente. Sin embargo, “con posterioridad a ello, por medios y lugares que aún no se pueden precisar, los ingresaron a la Provincia de La Pampa, quienes estuvieron en el interior del establecimiento rural ‘San Carlos’”, más específicamente en el área alquilada y administrada por el grupo Vía Bariloche, bajo el nombre Cabaña Curaco.

El portal digital confirmó que también está acreditado para el Fiscal que el día 23 de mayo, a las 22,17 horas, los peones fueron llevados hasta la base operativa de la empresa Vía Bariloche, en calle Estado de Israel y Ruta 22 de Cipolletti, Provincia de Río Negro. Hasta allí los trasladaron en la caja de un camión, precintado.

Al llegar un Fiscal rionegrino al lugar, los trabajadores chaqueños ya estaban a bordo de un colectivo de El Valle interno 59754 -también propiedad de Vía Bariloche-, preparado para salir con destino a la provincia del norte.

La imputación contra el dueño del campo y el administrador de la estancia, detalla que violaron de manera intencional las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción de una epidemia. Se trata, entre otros, de los Decretos Provinciales de La Pampa 521/20 y 522/20, que a su vez adhirieron a las normas dictadas por el Gobierno nacional.

Esos decretos firmados por el Gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, prohíben expresamente la entrada de personas de extraña jurisdicción sin autorización o permiso especial, y son medidas dictadas en consonancia con Leyes y Decretos Nacionales en el contexto de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Entre las evidencias recolectadas y mostradas a los dos imputados, figuran el acta de constatación y una inspección ocular en el lugar por donde se pretendió ingresar a los trabajadores; un informe de la División de Seguridad Rural de la Policía de La Pampa; otro informe del puesto caminero; las actuaciones judiciales realizadas en Cipolletti, al momento de la llegada a esa ciudad del Alto Valle rionegrino; y las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en las calles de Cipolletti, entre otras.

Las mismas fuentes judiciales confiaron que el Juez pidió que se avance en la investigación contra los Trappa, propietarios de los micros de larga distancia y los camiones de Vía Cargo utilizados para el traslado de los peones, así como de la estancia Cabaña Curaco donde realizaron tareas de hacheo en condiciones de extrema precariedad.

Hace más de un mes personal de la División de Seguridad Rural, dependiente de la Unidad Regional Tres, se constituyó en el campo «San Carlos», donde comprobó la existencia de tres campamentos distribuidos en pleno monte, armados de manera improvisada, prácticamente a la intemperie. Habrían sido usados para albergar en condiciones «infrahumanas» a los hacheros provenientes de Chaco, para trabajos de desmonte.

El procedimiento se hizo en relación a la causa judicial que la fiscalía inició de oficio, después que el gobernador Sergio Ziliotto afirmó que se había impedido el ingreso a la provincia de un micro que trasladada hacheros de Chaco para trabajos de desmonte en la estancia Curacó, ubicada en la zona rural de General Acha. Se trató de un operativo efectuado en el puesto caminero de Catriló, y el micro que traía a los hacheros pertenecía a la empresa de transporte de pasajeros Vía Bariloche.

Los uniformados documentaron la existencia de los campamentos armados, además de las condiciones «infrahumanas» en las que los trabajadores habrían sido albergados durante los días que cumplieron las tareas de desmonte en el predio rural.

La causa fue iniciada por la fiscalía para determinar la comisión de hechos relacionados con el quebrantamiento de la cuarentena dispuesta por el Covid-19. Lo que posibilitó comprobar otro tipo de hechos que encuadrarían en delitos referidos con la trata de personas con fines laborales, que pertenece a la competencia federal.

Justamente por esa razón se dio debida intervención al Area de Trata de la Policía de La Pampa, para que por su intermedio se hiciera lo propio con el Juzgado Federal con asiento en la capital pampeana.