Detenidos por una moto robada, les encontraron un pistolón
Mientras el defensor del único acusado busca que prescriba la causa, el fiscal Paulucci pide que se cumpla con el fallo del STJ que ordenó una nueva sentencia.
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EL DIARIO digital
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María Guadalupe Puebla pareció asesinada en agosto de 2014 en un predio en el norte de la ciudad, al final de la calle Asunción del Paraguay. En marzo de 2016, la Justicia absolvió del cargo de homicidio al acusado del crimen y, en cambio, lo condenó a doce años de prisión por abuso sexual.
Roberto Lezcano, un hombre de 40 años, sordomudo, fue enjuiciado por el delito de abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado criminis causa y por femicidio.
Pero los jueces Carlos Bessi, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié consideraron que durante el debate no se pudieron reconstruir las últimas 48 horas de la víctima por lo que no tenían la certeza para condenar a Lezcano por el crimen.
Las partes apelaron ese fallo y hoy, a casi siete años del hecho, la causa gira entre la Justicia pampeana y la Corte Suprema de la Nación mientras se mantiene la impunidad sobre el femicidio de Puebla.
En el juicio, el fiscal Máximo Paulucci y la querella, a cargo de Martín García Ongaro, habían pedido prisión perpetua para Lezcano.
En agosto de 2016, el Tribunal de Impugnación Penal confirmó la sentencia del Tribunal de Audiencia de Juicio. Pero en marzo de 2017 el Superior Tribunal de Justicia revocó la absolución por el femicidio y ordenó al TIP un nuevo fallo.
Allí comenzó un ida y vuelta judicial del expediente. La defensa de Lezcano, a cargo del defensor oficial Pablo de Biasi, recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación tanto la parte del fallo del STJ que dejaba firme la acusación por el abuso sexual como la revisión de la absolución por el crimen.
A su vez, Paulucci (ahora fiscal general) le exige al TIP que avance con el nuevo fallo que ordenó el propio STJ. Y así, entre Paulucci y de Biasi empezó una especie de “guerra” de presentaciones ante juzgados de control, tribunal de audiencia y otros estamentos judiciales.
Así fue como desde el año pasado el defensor empezó a pedir que se declare prescripta la acusación contra Lezcano ante la falta de una condena firme. Y eso llevó a más presentaciones ante la Justicia provincial y la Corte.
Incluso, en uno de sus últimos dictámenes, Paulucci acusó que con cada presentación de de Biasi “se torna cada vez más evidente que pretende dilatar de forma incalculable la solución judicial, y al mismo tiempo quejarse de la indefinición que provoca”.
Mientras tanto, sigue sin haber fecha para la sentencia que el STJ ordenó teniendo en cuenta la acusación de femicidio.
El cuerpo de María Puebla, oriunda de Toay, fue hallado en las inmediaciones de los piletones de la laguna Don Tomás, con signos de haber sido abusada sexualmente, el 18 de agosto de 2014. Su familia vivía en el Relleno Sanitario de Santa Rosa y había denunciado la desaparición. María padecía una discapacidad madurativa.
Lezcano había estado con ella durante en las últimas 48 horas de vida. Un ticket de supermercado hallado en la escena del crimen lo puso como sospechoso junto a Walter Baigorria, el novio de Puebla quien fue desvinculado antes del juicio.
