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EL DIARIO digital
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El conflicto institucional en torno a la crisis de la defensa pública en el oeste provincial sumó un nuevo y tenso capítulo. Luego de que la Procuración General de La Pampa dejara sin efecto la Resolución del Defensor General 8/26 —que restringía los días de atención al público en Victorica por falta de personal—, la Asociación de Defensoras y Defensores de La Pampa emitió un duro comunicado en el que advierte sobre la gravedad de la situación estructural y la falta de respuestas concretas ante una "crisis reconocida".
A través del documento, la entidad gremial y profesional que nuclea a los defensores de la provincia respaldó de forma unánime el diagnóstico previo del Defensor General. Aseguraron que la decisión de la Procuración General de anular la restricción horaria "vuelve a poner en evidencia un problema mucho más profundo que una simple cuestión administrativa: la grave crisis estructural que atraviesa el Ministerio Público de la Defensa".
Para la Asociación, resulta una paradoja institucional que la propia Procuración haya convalidado y reconocido explícitamente en su escrito los argumentos que motivaron la emergencia: la escasez crítica de recursos humanos, la imposibilidad de cubrir vacantes, las fallas crónicas del sistema de sustituciones y las dificultades extremas para garantizar el acceso a la justicia.
"Sin embargo, pese a reconocer la existencia de esta situación excepcional, la respuesta institucional fue dejar sin efecto la medida adoptada para enfrentar la emergencia, sin ofrecer soluciones concretas a los problemas denunciados", fustigaron los defensores en el comunicado.
Defensa de la medida y denuncia de sobrecarga laboral
La entidad remarcó que el recorte de días de atención dispuesto originalmente para Victorica no fue un "capricho administrativo ni una decisión arbitraria", sino el resultado directo de una realidad alarmante en el interior provincial: dependencias vaciadas de personal, trabajadores sobrecargados y un servicio esencial obligado a funcionar con recursos mínimos.
En el texto se vuelve a encender la polémica por la marcada asimetría con los fiscales:
- Denuncian una "evidente desigualdad" entre el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa en materia de recursos humanos y cobertura territorial.
- Señalan que mientras la persecución penal dispone de estructuras robustas y mecanismos de reemplazo amplios, la Defensa Pública apenas puede sostener su funcionamiento básico en los pueblos de la provincia.
Un reclamo por autonomía y derechos vulnerados
Los defensores pampeanos consideraron que este cruce de resoluciones abre una discusión que no puede postergarse más en los tres poderes del Estado: la necesidad de dotar a la Defensa Pública de herramientas reales de autonomía política y financiera para gestionar sus propias crisis de personal.
Finalmente, el comunicado recordó el impacto social que este vaciamiento representa para el oeste profundo: "La defensa pública constituye una garantía constitucional esencial (...), especialmente para los sectores más vulnerables. Cuando las defensorías carecen de personal, no se afecta únicamente a una institución: se ve comprometido el derecho de los ciudadanos a obtener una defensa efectiva. La crisis existe. Lo que falta ahora son respuestas concretas y soluciones estructurales".
