Dos jóvenes derribaron una puerta a patadas y salvaron a un nene de un incendio
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
El Gobierno de la provincia de La Pampa intervino de urgencia para garantizar el derecho constitucional a la salud de los trabajadores del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y sus familias, luego de que la obra social que los nuclea interrumpiera de forma total sus prestaciones. En paralelo, ante la falta de respuestas de la administración central, el Ministerio de Salud provincial intimó formalmente a la entidad médica por una deuda acumulada de $159.958.633, cuyos pagos se encuentran congelados desde diciembre de 2025.
El subsecretario de Salud, Gustavo Vera, cuestionó con dureza el abandono por parte del Estado Nacional, del cual dependen estas coberturas, y respaldó la decisión política del gobernador Sergio Ziliotto de absorber la demanda sanitaria. El funcionario explicó que el conflicto no es aislado, ya que situaciones similares de desamparo y cortes en el subsector privado afectan actualmente a los afiliados de la ex IOSFA (Fuerzas Armadas) y de la Policía Federal.
Respecto de las acciones legales, Vera detalló que ya se remitió una carta documento otorgando un plazo perentorio de 10 días para que la obra social del SPF cancele el monto adeudado a la Dirección General de Prestaciones, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales. Según advirtió, el corte de los servicios nacionales provoca un doble impacto negativo: sobrecarga la estructura de los hospitales públicos pampeanos y desestabiliza la economía del sector privado local (clínicas y sanatorios), poniendo en riesgo empleos, salarios y la compra de insumos.
El ahogo de Incluir Salud
La auditoría oficial presentada por la cartera sanitaria provincial expuso otro foco crítico de desfinanciamiento a través del Programa Incluir Salud, dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad, que asiste a beneficiarios de Pensiones No Contributivas. En La Pampa, el programa alcanza a 6.472 afiliados y arrastra una deuda con el Ministerio de Salud pampeano de $42.156.077.
Para dimensionar la brecha del ajuste, el subsecretario precisó que solo durante el mes de marzo de 2026, la Provincia debió desembolsar más de $320 millones de fondos propios para sostener las prestaciones de esos usuarios, mientras que desde la Nación ingresaron apenas $8 millones; es decir, la administración provincial aportó 40 veces más recursos que el gobierno central.
Finalmente, Vera apuntó contra lo que denominó el "doble discurso" de la gestión libertaria. Denunció que, mientras el relato nacional asegura fomentar la actividad privada, en la práctica asfixia a las empresas de salud locales al cortar los flujos de pago de sus propias obras sociales. Las autoridades sanitarias ratificaron que los servicios seguirán garantizados en la provincia, pero sostendrán la vía legal para exigir que Nación responda por los fondos retenidos.
