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EL DIARIO digital
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La historia de Olga Edit Cowes es la de miles de afiliados que, tras una vida de aportes, quedan rehenes de convenios administrativos que parecen diseñados para el ahorro y no para la salud. A sus 74 años, y luego de desempeñarse durante tres décadas como secretaria en la Escuela 6, Olga enfrenta el desafío más difícil: conservar la visión de su único ojo funcional.
Tras un trasplante de córnea que no permitió el uso de lentes convencionales en el ojo derecho, su esperanza radica en el izquierdo. Para ello, le recetaron una lente escleral, una prótesis especial que se apoya en la esclerótica sin tocar la córnea. El costo es prohibitivo para una jubilada: 1.300.000 pesos.
"No me quejo del SEMPRE, porque los estudios me los cubre, pero en este caso la lente no me la dan", explicó Cowes a El Diario. El argumento de la obra social pampeana es el de siempre: al ser afiliada de IOMA (Buenos Aires) bajo convenio de reciprocidad, la autorización y el pago dependen de la entidad bonaerense. Sin embargo, IOMA no responde, no autoriza y no paga.
Un fallo judicial reciente
El drama de Olga ocurre en un contexto donde la Justicia de La Pampa ya ha fijado postura. Recientemente, la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones de Santa Rosa dictó un fallo determinante en un caso idéntico (el de la paciente B.E.B.), donde IOMA y SEMPRE se pelotearon la responsabilidad de un medicamento de alto costo.
En aquella sentencia, los jueces fueron tajantes: "Los convenios administrativos no pueden ser un obstáculo para el derecho a la vida". La Justicia pampeana estableció que cuando una obra social guarda silencio ante un pedido urgente, ese silencio debe interpretarse como una autorización automática.
La obligación del SEMPRE
El precedente judicial es claro y ampara situaciones como la de Cowes:
Responsabilidad Solidaria: Tanto IOMA como SEMPRE son responsables frente al afiliado.
El silencio es aceptación: Si el SEMPRE solicita la autorización a IOMA y esta no responde en cinco días hábiles, el SEMPRE debe comprar la prestación y entregarla al paciente.
Cuestión interna: El recupero del dinero es un trámite administrativo posterior entre organismos que no puede afectar la continuidad del tratamiento.
Una tutela diferenciada
Olga cuenta con un certificado que acredita un 83% de discapacidad, lo que, según las "100 Reglas de Brasilia" citadas por la Cámara, le otorga una "tutela judicial diferenciada". Para los jueces locales, el hombre es el eje del sistema y su salud no puede quedar a merced de sí una oficina en La Plata responde o no un correo electrónico.
Mientras la burocracia se toma su tiempo, el reloj biológico de Olga no se detiene. Con una jubilación que no alcanza para cubrir una lente de siete cifras, la mujer espera que el "humanismo" judicial que pregonan las sentencias se transforme en una realidad efectiva antes de que la oscuridad sea total.
