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EL DIARIO digital
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La integrante del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto, Mónica Rodríguez, cuestionó el rol del Ministerio de Salud de la Nación en la implementación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE) y respaldó la estrategia judicial impulsada por la organización de abogadas populares La Ciega para denunciar presuntos incumplimientos en distintas provincias del país.
Rodríguez sostuvo que la cartera sanitaria nacional "es la garante del cumplimiento" de la ley y que su responsabilidad no se limita a una cuestión administrativa. "Como garante no debe solamente desde un aspecto administrativo, sino también desde el trabajo en capacitación, información y garantizar los insumos", afirmó.
En ese sentido, remarcó que los insumos no se restringen únicamente a la medicación para la práctica de la interrupción del embarazo, sino que abarcan también métodos anticonceptivos y todos los recursos necesarios para asegurar el acceso efectivo al derecho. "La capacitación es un tema importante y, como venimos diciendo desde hace casi cinco años, una ley que no cuenta con una adecuada implementación es una ley que está incumpliendo sus principales objetivos", advirtió.
La referente explicó que la organización La Ciega decidió ponerse a disposición de mujeres de todo el país para promover una demanda formal contra el Ministerio de Salud de la Nación por incumplimiento. "Se ha decidido ir hacia el organismo que debería garantizar en todo el país esta ley. No tener la medicación retrasa los tiempos de acceso a la interrupción", señaló.
Rodríguez recordó que la normativa establece un plazo máximo de diez días desde que la persona solicita la práctica, recibe la información correspondiente y completa los trámites, hasta que accede al tratamiento. "Si esos tiempos se postergan, ya estamos frente a un incumplimiento importante de la ley", remarcó.
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 2 de La Plata ordenó al Gobierno Nacional dar difusión a una causa judicial colectiva que cuestiona la falta de adquisición y distribución de misoprostol y mifepristona, medicamentos esenciales para garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La medida se formalizó esta semana a través de un aviso publicado en el Boletín Oficial.
La acción fue impulsada por la asociación civil "La Ciega", con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), bajo la figura de una "acción preventiva de daño". La organización denunció que el Ministerio de Salud de la Nación no realizó las gestiones administrativas necesarias para asegurar la compra y provisión de los fármacos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prácticas seguras de aborto.
