El Frigorífico Pico propuso pagar media indemnización en cuotas

General Pico (Agencia) - La tensión laboral en Pico alcanzó un nuevo pico de intensidad tras la fallida audiencia de conciliación celebrada ayer en la Delegación de Relaciones Laborales. El conflicto, que mantiene en vilo a casi 200 familias tras una ola de despidos masivos en el Frigorífico General Pico S.A., se estancó debido a una propuesta empresarial que el gremio no dudó en calificar como una "falta de respeto" ante la crítica situación económica de los trabajadores.

Durante el encuentro, la apoderada legal de la firma, Dra. Fiorella Galleratto, presentó una oferta diseñada desde la dirección central en Buenos Aires. La propuesta se ampara en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite el pago del 50% de la indemnización por razones de fuerza mayor o falta de trabajo. Bajo este esquema, la empresa ofreció cancelar la deuda en 12 cuotas para empleados con menos de cinco años de antigüedad y en 18 cuotas para aquellos con mayor trayectoria. Como agravante, se informó que el primer pago recién se haría efectivo en la primera semana de abril.

La reacción del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne fue inmediata y tajante. Antonio Loza, secretario general, rechazó de plano la aplicación del artículo 247, sosteniendo que no se han acreditado legalmente las causas para reducir las indemnizaciones de ley. Para el gremio, los plazos propuestos son "excesivos" y condenan a los trabajadores a un goteo de dinero que se licuará con la inflación antes de completarse.

Mientras la empresa se limitó a informar que ya cumplió con el pago de la garantía horaria para el personal que aún permanece en la planta, la incertidumbre reina entre quienes recibieron el telegrama. El sindicato ha solicitado una mejora sustancial que acorte los plazos y respete el 100% de los montos legales. La audiencia quedó formalmente abierta, a la espera de que la patronal traslade los reclamos a sus autoridades y regrese con una contrapropuesta que evite una escalada del conflicto social en la ciudad. Por ahora, 200 familias siguen sin respuestas concretas y con el sustento económico bajo una amenaza que parece dilatarse en el calendario.