Díaz Lacava: "No repetiría nada de lo que ocurrió"

El juez Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, compareció este martes ante el Consejo de la Magistratura para ejercer su defensa en el marco del proceso disciplinario que se le sigue tras haber sido procesado penalmente por presuntos hechos de violencia laboral y de género contra seis empleados judiciales.

Acompañado por su abogado Andrés Gil Domínguez, el magistrado negó de manera categórica todas las imputaciones en su contra, que incluyen lesiones leves y graves, amenazas simples y coactivas, abuso de autoridad y maltrato laboral. Durante su exposición ante la Comisión de Acusación —presidida por Alberto Maques— sostuvo que nunca golpeó, amenazó ni privó de la libertad a nadie y aseguró que, de haber existido conflictos, nunca fue advertido por sus pares.

Díaz Lacava intentó encuadrar las denuncias en lo que definió como un estilo de trabajo "estricto" y rechazó haber ejercido maltrato. "No aceptaba el alegato de oreja", expresó al referirse a prácticas informales dentro del tribunal. En ese sentido, atribuyó las tensiones a incumplimientos de horarios por parte del personal y a diferencias surgidas en torno a ascensos o autorizaciones internas.

Entre los episodios denunciados figura el lanzamiento de una piedra desde la vía pública hacia una oficina del tribunal, hecho que el magistrado calificó como una "broma". "Estoy sumamente arrepentido, pero fue una broma. Si hubiera sido de gravedad, habría provocado algún daño", afirmó. También señaló que presentó audios de funcionarios elevando la voz para intentar desacreditar las acusaciones en su contra.

En su descargo, el juez remarcó que nunca fue acusado de acoso sexual ni de hechos de corrupción, y sostuvo que los conflictos se limitaron a "algunos compañeros del tribunal". Incluso mencionó situaciones puntuales —como el llamado de atención a una relatora por retirarse sin autorización— para reforzar su postura de que las denuncias se originaron en desacuerdos laborales.

El proceso disciplinario avanza en paralelo a la causa penal. A mediados del año pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó el procesamiento del magistrado, ratificando lo resuelto en primera instancia por el juez federal de Santa Rosa Juan José Baric. En esa resolución, además, se amplió la imputación al incorporar el delito de abuso de autoridad y se confirmaron cargos por desobediencia y retardo de justicia.

Según surge de las actuaciones judiciales, los hechos investigados habrían estado orientados a amedrentar e intimidar al personal del tribunal, e incluso incluirían el presunto incumplimiento de medidas cautelares de restricción de acercamiento.

Tras su exposición, Díaz Lacava cerró con un mea culpa condicionado: "No repetiría nada de lo que ocurrió. Pero me hubiera rectificado si hubiera sabido que alguna situación generó incomodidad". Pidió disculpas, incluso por actos que —según insistió— no consideró ofensivos.

El trámite ante el Consejo de la Magistratura continúa y podría derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta la destitución del cargo, mientras la causa penal sigue su curso con el procesamiento confirmado en dos instancias.