Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
El horror se desató el domingo 25 de enero a media mañana, en la intimidad de un hogar del barrio santarroseño Nelson Mandela que fue vulnerado de la forma más violenta posible. Según el relato desgarrador de la hermana de la víctima, el acusado ingresó por la fuerza a la vivienda y sometió a la joven a horas de tortura, golpes y abuso sexual. La brutalidad del ataque fue tal que la mujer estuvo al borde de la muerte por desangramiento, mientras el agresor, con total frialdad, le negaba auxilio médico.
"Se estaba muriendo y él le decía que no tenía remordimiento", relataron familiares a través de las redes sociales, en un pedido de justicia que busca visibilizar la saña del atacante. Según la denuncia, el agresor no solo la apuñaló y la ahorcó hasta que perdió el conocimiento, sino que además intentó limpiar la escena del crimen para borrar evidencias, lo que para la familia demuestra que "sabía perfectamente lo que hacía y lo tenía planeado".
Indignación por la domiciliaria
A pesar de la gravedad de los cargos que incluyen abuso sexual agravado carnal y un pedido de la querella para que se caratule como intento de femicidio, violación de domicilio y abandono de persona, la Justicia otorgó al imputado el beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
Esta decisión cayó como un balde de agua fría para la víctima y su entorno. La madre de la joven manifestó su miedo constante: "Mi hija está sola con sus tres hijos. No entendemos cómo él está en su casa, con una pulsera, mientras ella sufre porque le arruinó la vida". La preocupación se acrecienta debido a la cercanía de la familia del imputado, quienes, según denuncian, mantienen una actitud hostil y de hostigamiento hacia la víctima.
Un pedido de auxilio y seguridad
La familia exige que se revoque la medida y el acusado sea trasladado a una unidad carcelaria. Consideran que la tobillera no garantiza la integridad de la joven, quien ya había sido víctima de manipulación y persecución previa por parte de su expareja.
"¿Qué esperan, que la mate?", se pregunta con impotencia la hermana de la víctima, quien adelantó que están organizando una marcha para reclamar que el responsable pague por las horas de tortura. Además del pedido de prisión efectiva, solicitan con urgencia un botón antipánico y medidas de restricción de acercamiento extensivas a los familiares del agresor.
Mientras la causa avanza en los tribunales, la joven y su familia intentan reconstruir sus vidas entre el trauma del ataque y el temor de saber que el victimario se encuentra a pocas cuadras, custodiado apenas por un dispositivo electrónico que para ellos no es más que un símbolo de impunidad.