Salud: avances en la paritaria sectorial con acuerdos sobre camilleros y reglas para 2026
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
El emblemático local comercial "La Recova", ubicado en la esquina de Yrigoyen y Avellaneda, seguirá en manos de Antonio Corredera, al menos por ahora. La Sala A del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dictó una sentencia definitiva en el expediente que se inició en 2015, rechazando la demanda de desalojo interpuesta por Elba, Carlos y Daniel Ortiz.
El fallo resultó ser un complejo "empate técnico" que requirió la intervención del ministro Fabricio Losi para dirimir la disidencia entre José Sappa y Verónica Campo. Si bien el resultado favorece la permanencia de Corredera, el trasfondo jurídico deja una certeza: la Justicia convalidó que los hermanos Ortiz son los legítimos dueños del inmueble.
La controversia se remonta a una operación de compraventa declarada nula años atrás. Los Ortiz argumentaban que, al anularse el título que permitía a Corredera ocupar el local, este tenía la obligación automática de restituirlo. Sin embargo, la defensa del comerciante sostuvo que él no es un "intruso" ni un "locatario con contrato vencido", sino un poseedor con ánimo de dueño desde hace más de 27 años.
El nudo gordiano que debió desatar el STJ fue procesal: ¿alcanza un juicio sumarísimo (rápido) de desalojo para recuperar una propiedad cuando el ocupante alega ser poseedor?
La grieta en el tribunal
El voto de Sappa fue en minoría. El magistrado se inclinó por confirmar el desalojo. Consideró que la nulidad absoluta de la compraventa tornaba ilegítima la presencia de Corredera, obligándolo a devolver el bien de forma inmediata bajo los términos del Código Procesal.
La jueza Campo, con la adhesión de Losi, marcó la diferencia clave. Reconoció que los Ortiz acreditaron su titularidad (son los dueños según el informe de dominio), pero advirtió que el juicio de desalojo "carece de idoneidad" cuando existe una posesión verosímil de por medio.
La sentencia funciona como un "escudo" para Corredera en esta instancia, pero no resuelve la cuestión de fondo. Para los hermanos Ortiz, el fallo representa un revés estratégico: tras diez años de litigio, la Justicia les dice que tienen razón sobre la propiedad, pero que eligieron el camino equivocado para recuperarla.
Ahora, los titulares dominiales deberán iniciar una acción real o petitoria, un proceso judicial mucho más largo y riguroso que un desalojo, donde se discutirá quién tiene el "mejor derecho" sobre el inmueble.
Finalmente, el STJ decidió que las costas sean por "su orden" (cada parte paga sus abogados), dada la complejidad de un caso que sienta un precedente fundamental: la posesión, incluso con origen discutible, frena cualquier intento de desalojo exprés.
