Di Nápoli, con jóvenes de intercambio del Rotary Club Santa Rosa Sur
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EL DIARIO digital
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El presidente Javier Milei firmó el Decreto 864/2025, estableciendo la Política de Inteligencia Nacional, un extenso documento de 34 páginas que define los objetivos estratégicos y la orientación del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) para los próximos años. El foco principal de esta nueva estrategia está puesto en la ciberseguridad, la soberanía en Malvinas y el Atlántico Sur, la amenaza del terrorismo y la lucha contra el crimen organizado.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, lleva las firmas de Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El propio texto oficial reconoce que esta es la primera definición formal de política de inteligencia en más de dos décadas. La medida se anuncia poco después de que el Gobierno definiera la nueva cúpula de la ex-AFI, ahora rebautizada Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
Diagnóstico crítico y nueva estructura
El documento parte de un diagnóstico severo sobre el estado del SIN, describiendo un "deterioro relevante" de más de tres décadas que "socava el funcionamiento de las instituciones democráticas". El texto menciona explícitamente casos graves como los atentados a la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994), y la muerte del fiscal Alberto Nisman, calificada como un "hecho de suma gravedad institucional".
La antigua Agencia Federal de Inteligencia (AFI), disuelta por el Decreto 614/24, fue reemplazada por la actual SIDE, que opera con cuatro órganos desconcentrados:
Servicio de Inteligencia Argentino (SIA)
Agencia de Seguridad Nacional (ASN)
Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC)
División de Asuntos Internos (DAI)
Intereses estratégicos: soberanía y territorio
La política define cinco intereses estratégicos clave, orientando las actividades del SIN a: asegurar la soberanía y autonomía, proteger la integridad territorial (incluyendo zonas de frontera, áreas marítimas y la proyección antártica), proteger los derechos de los habitantes, asegurar el sistema democrático y preservar los recursos estratégicos.
Sobre la integridad territorial, el documento busca detectar "presencia extranjera en espacios sensibles" y, en referencia directa a la ocupación británica, menciona la "ocupación ilegítima del territorio nacional" en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Diez lineamientos clave: de la desinformación al crimen organizado
El anexo del decreto detalla diez lineamientos estratégicos que guiarán la acción de la inteligencia:
Disputa de poder en política exterior: Monitorear cómo la competencia entre potencias globales impacta en América Latina.
Riesgo de influencia externa: Combatir operaciones de desinformación que busquen erosionar la cohesión social o condicionar procesos electorales.
Poder integral de la Nación: Proteger contra la "captura de talento" o la "dependencia tecnológica de plataformas extranjeras".
Malvinas, Antártida y Recursos: Monitorear la presencia extranjera y las actividades geopolíticas en el Atlántico Sur y la Antártida, y proteger recursos estratégicos como litio, gas no convencional y acuíferos.
Ciberseguridad: Enfrentar amenazas dentro y desde el ciberespacio, un dominio que permite "proyectar poder de forma encubierta".
Tecnologías de frontera: Dominar áreas como la inteligencia artificial, la computación cuántica y la biotecnología avanzada.
Terrorismo: Identificar la "exposición a redes trasnacionales vinculadas a Medio Oriente", especialmente en zonas de frontera.
Crimen Organizado: Combatir esta "estructura de poder paralela" que se beneficia de rutas estratégicas y circuitos financieros informales con vínculos regionales y extrarregionales.
Contrainteligencia: Detectar interferencias y cooptaciones para preservar la integridad de los procesos del Estado.
