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EL DIARIO digital
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General Pico (Agencia) La reciente adquisición de la planta aceitera emplazada en Ruta Provincial 102, por parte del gigante agroindustrial Bunge Born, desató un conflicto laboral en General Pico. Transportistas piquenses y de la zona mantienen un paro pacífico frente a las instalaciones, denunciando el intento de la nueva administración de reducir drásticamente las tarifas de flete y desplazar la mano de obra local por equipos de otras provincias.
Ariel, un empleado de la planta y vocero de la protesta, relató desde el lugar los motivos de medida de fuerza. "Estamos acá, en la aceitera, llevando adelante una acción sin cortes de ruta ni obstrucciones al predio, pero con un mensaje claro: la empresa, ahora bajo la gestión de Bunge Born, está trayendo camiones particulares y de otras jurisdicciones para mover el cereal con destino a Rosario. Esto significa, directamente, dejar sin trabajo al transporte de General Pico que ha prestado este servicio de forma ininterrumpida por más de ocho o diez años", explicó.
La principal preocupación de quienes protestan se centra en la doble amenaza que representa la propuesta de la compañía: por un lado, el desplazamiento de los equipos que históricamente han garantizado la logística de la planta, y por otro, la imposición de tarifas inviables.
"Nosotros venimos sacando el producto con una tarifa establecida de $48.500 por viaje, que ya es ajustada. Sin embargo, la nueva propuesta de la empresa es pagar apenas $35.000 y traer equipos más económicos de otras zonas. Es completamente imposible sostener la actividad con esos números," enfatizó el vocero. Y graficó la crítica situación económica que enfrentan los transportistas: "Hoy una goma de camión vale $500.000, y con un viaje a esa tarifa irrisoria ni siquiera cubrís ese costo. Es una propuesta que precariza el trabajo y empuja a la quiebra."
El conflicto no solo afecta a los ingresos durante la temporada alta, sino que pone en jaque la subsistencia de las familias durante los meses de menor actividad. Ariel destacó que la comunidad camionera local se organiza tradicionalmente a través de la cámara de General Pico, y que esta labor de transporte de cereales representa un ingreso fundamental fuera del período pico de cosecha. "Hay entre sesenta y setenta familias que dependen directamente de esta tarea en los meses de baja actividad. La decisión unilateral de traer camiones foráneos con precios dumping pone en riesgo el sustento de muchas personas que, durante años, han sido la columna vertebral de la logística de esta planta," sentenció.
Sin diálogo
Hasta el momento, el diálogo con la cúpula empresarial es prácticamente nulo. Ariel sostiene que la nueva administración se mantiene inaccesible: "No nos atienden; la respuesta que recibimos siempre es que todas las decisiones se toman a nivel central, más arriba. El responsable local de la planta solo actúa como un intermediario que no tiene margen de negociación. La situación está estancada."
A pesar del difícil escenario, la medida de fuerza se mantiene firme y pacífica, sin bloqueos a la entrada o salida de la planta. El girasol almacenado sigue disponible para su despacho, pero los manifestantes exigen un compromiso de la empresa para retomar el trabajo con condiciones justas y priorizar a los transportistas locales. "Vamos a sostener la medida todo lo que sea necesario, porque hay cerca de ochenta familias que dependen de forma directa e indirecta de este trabajo. Para muchos, es el único ingreso estable en este momento," concluyó el trabajador.