Ravier, el fenómeno libertario consolida su base en La Pampa
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EL DIARIO digital
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La histórica disputa de la provincia de La Pampa contra el Estado Nacional por el sistema previsional suma un capítulo decisivo en la Corte Suprema de Justicia. El gobernador Sergio Ziliotto anunció este martes, a través de sus redes sociales, que la provincia fue convocada a una audiencia con el Gobierno Nacional en relación a su demanda para el próximo 5 de noviembre.
El conflicto se centra en el reclamo de La Pampa por la deuda y el desfinanciamiento de su sistema jubilatorio, un enfrentamiento que se intensificó con la llegada del nuevo gobierno nacional y la suspensión de transferencias. La Pampa había dado a conocer justo este martes por la mañana la presentación de una medida cautelar para que la Corte obligara al Estado Nacional a cubrir el déficit previsional.
"Recuperar recursos que nos pertenecen"
El gobernador Ziliotto, quien ha hecho de la defensa de la autonomía provincial y el federalismo fiscal uno de los ejes de su gestión, calificó la convocatoria de la Corte como "un paso más, fruto de nuestro compromiso con las y los pampeanos".
En su comunicado, el mandatario dejó clara la postura que sostendrá la provincia ante el máximo tribunal: "Insistiremos en la legalidad de nuestro reclamo y la necesidad urgente de recuperar recursos que nos pertenecen y que el Gobierno Nacional nos niega. Una vez más, vamos a defender La Pampa. Por historia y por mandato popular", destacó.
Federalismo fiscal en el centro del debate
Este caso se inscribe en una serie de demandas que varias provincias mantienen contra la Nación, exigiendo la coparticipación de fondos y el cumplimiento de leyes que garanticen el equilibrio fiscal regional.
La Pampa defiende la autonomía y el financiamiento de su Caja de Previsión Social, una de las pocas cajas previsionales provinciales que no fue transferida a la órbita nacional. El gobernador ya había utilizado el resultado de las últimas elecciones para exigir al nuevo Congreso un debate que permita "fortalecer nuevamente el federalismo fiscal", subrayando que las provincias "tenemos que recuperar lo que nos pertenece".
La audiencia en la Corte Suprema se configura así como una instancia clave para dirimir si el Estado Nacional debe cumplir con el financiamiento del sistema previsional pampeano, un reclamo que Ziliotto utiliza como bandera de defensa de los intereses provinciales.
La nueva medida cautelar
Apenas unas pocas horas después de que el gobernador Ziliotto instruyera a la Fiscalía de Estado para que interponga una medida cautelar por la deuda previsional que el Gobierno nacional mantiene con la provincia, la Corte llamó a una audiencia a la Nación y La Pampa.
En la cautelar, con carácter de urgente, se presentó ante la imposibilidad de financiar el déficit del sistema previsional provincial, generado por la suspensión total de los aportes que corresponde realizar al Estado Nacional desde el 10 de diciembre de 2023, según lo establece el Pacto Fiscal 1999 y la Ley 27.260.
Se trata de una situación inédita, ya que ningún gobierno anterior había incumplido de forma tan directa las obligaciones previsionales. Desde la asunción del presidente Milei, el Instituto de Seguridad Social (ISS) ha debido ser financiado por el presupuesto provincial y, en menor medida, por los municipios pampeanos. Solo durante 2025, la provincia destinará 145 mil millones de pesos para cubrir este déficit, de los cuales el 11% corresponde a aportes municipales.
El déficit del ISS se debe a que el Gobierno Nacional nunca realizó adelantos mensuales ni cubrió el déficit anual, como exige la normativa vigente. Además, eliminó artículos del Presupuesto 2023 que ratificaban estas obligaciones.
La provincia ha debido suplir estos incumplimientos con recursos propios y aportes municipales, mientras enfrenta la recesión económica nacional, que reduce los ingresos provinciales, y el incumplimiento de acuerdos contractuales en obra pública.
A pesar de estas dificultades, el gobierno pampeano asegura que ningún servicio público se ha resentido, aunque estima que los ingresos reales a fin de año serán 12% menores a los proyectados, con un total de 1,74 billones de pesos frente a los 1,99 billones previstos.
El gobierno solicitó a la Corte Suprema que ordene al Estado Nacional cumplir de manera inmediata con sus obligaciones previsionales. Además, propuso al Poder Legislativo herramientas transitorias para garantizar erogaciones vinculadas a salud, educación, alimentos, salarios y jubilaciones.
El Ejecutivo advierte que la continuidad del incumplimiento nacional tendrá impacto directo en la distribución de recursos del proyecto de presupuesto 2026, que será presentado próximamente a la legislatura provincial.
