Respaldo a la Ley de Juicios por Jurados en La Pampa: "Una deuda con la Constitución"

Durante el encuentro, que contó con la participación de la presidenta del Colegio de Abogados, Susana Germignani, los expertos legales manifestaron un rotundo apoyo a la iniciativa, calificándola como un mandato constitucional y una obligación para la calidad democrática.

Marcos Paz, uno de los abogados presentes, fue contundente: "No existe la opción de juicio por jurados no. La única opción es juicio por jurados sí". El letrado recordó que la figura es un mandato postergado desde 1853 y advirtió que La Pampa corre el riesgo de quedar rezagada, ya que 14 provincias argentinas ya cuentan con este sistema, entre ellas Buenos Aires, Córdoba y Neuquén.

Si bien el proyecto fue valorado por enmarcarse en el sistema anglosajón, que otorga la decisión final al jurado popular, los especialistas propusieron ajustes. Vanesa Ranocchia, también miembro del Colegio de Abogados, destacó la necesidad de una implementación "gradual" y con "criterio objetivo". La abogada criticó que la fiscalía pueda decidir cuándo aplicar el juicio por jurados, ya que, en su opinión, esto "debilita la igualdad de armas" entre las partes.

Ranocchia también propuso modificar los requisitos para integrar el jurado popular: sugirió bajar la edad de participación a los 18 años, eliminar el límite máximo de 75 y suprimir la exigencia de contar con oficio o profesión. "El jurado debe estar compuesto por ciudadanos comunes, con sus luces y sombras, como cualquier integrante de la sociedad", argumentó.

Aspectos clave

Durante la ronda de preguntas, los legisladores consultaron sobre aspectos clave del proyecto. El diputado Matías Traba inquirió sobre la posibilidad de que el imputado pueda elegir ser juzgado por un jurado. Ante esto, el abogado Juan de la Vega respaldó la idea, afirmando que "muchas veces los jueces no reflejan cómo piensa el pueblo" y que el jurado popular aporta esa "mirada social" necesaria.

Por su parte, la diputada María Laura Trapaglia expresó su preocupación por los mecanismos de protección para los integrantes del jurado en una provincia pequeña, ante el posible riesgo de represalias. Marcos Paz minimizó el temor, señalando que los jueces rara vez han tenido ese tipo de problemas y que una absolución por parte del jurado no generaría resentimiento.

El encuentro concluyó con la idea de que la implementación del juicio por jurados es una decisión histórica que debe priorizar el interés institucional por encima de las "mezquindades políticas" y que representa una oportunidad para democratizar el Poder Judicial.