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EL DIARIO digital
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La iniciativa busca esclarecer los motivos y detalles de estos acuerdos, así como garantizar la transparencia en la administración de los recursos públicos, según argumentan.
La preocupación del bloque opositor surge a raíz de la recurrencia de los contratos con la mencionada profesional para tareas vinculadas al diseño paisajístico. Según el Concejo Deliberante, "llama la atención" -dice el proyecto- que estas tareas, que podrían ser asumidas por la propia Municipalidad de Santa Rosa a través de su área de "Espacios Verdes", sean tercerizadas de manera constante.
El bloque de la UCR sostiene que "durante el año 2024 y lo que va del presente año, el Departamento Ejecutivo Municipal ha impulsado una política de remodelación de espacios públicos de alto valor simbólico y uso ciudadano, tales como el Parque Temático Caídos de Malvinas, la Plazoleta de la Madre, el Parque Lineal, la semipeatonal y la remodelación de la Plaza San Martín, entre otros proyectos que continúan en ejecución."
Precisan que "dichas obras han implicado la asignación de recursos municipales de considerable magnitud, lo cual exige, como contrapartida, procesos administrativos claros, regidos por los principios de transparencia, eficiencia y legalidad."
El pedido de informes se refiere específicamente a las siguientes contrataciones de la Sra. Mariana Isabel Pérez:
- Resolución N.º 634/24: Publicada en el Boletín Municipal N.º 363. Corresponde a un contrato de prestación de servicios con la Sra. Mariana Isabel Pérez (D.N.I. N.º 26.610.456). La vigencia de este contrato fue desde el 25 de julio hasta el 1.º de octubre de 2024. Las tareas asociadas son de diseño paisajístico.
- Resolución N.º 096/25: Publicada en el Boletín Municipal N.º 370. Corresponde a un contrato de obra con la Ingeniera Química Mariana Isabel Pérez (D.N.I. N.º 26.610.456, C.U.I.T. N.º 27-26610456-7). La vigencia de este contrato es desde el 11 de febrero de 2025. Las tareas asociadas también son de diseño paisajístico.
Los concejales de la UCR señalan que, hasta el momento, no se ha brindado "información pública clara sobre los criterios de idoneidad profesional, los montos involucrados ni los fundamentos que justifican las contrataciones". A pesar de haberse realizado "reiterados pedidos formales" para acceder a la documentación respaldatoria, el bloque afirma no haber obtenido una respuesta satisfactoria hasta el momento.
La solicitud se fundamenta en la Ley Provincial N.º 3 (Régimen de Contabilidad y Organización del Control Público) y la Ley N.º 1597 (Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento). Estas normativas establecen que toda contratación que implique erogaciones del Estado debe regirse por principios de eficiencia, eficacia, legalidad, responsabilidad, publicidad y transparencia. Asimismo, la Ley 1597 otorga al Concejo Deliberante la atribución esencial de ejercer control sobre los actos del Departamento Ejecutivo y asegurar una correcta administración de los recursos públicos.