La FuChad recuerda el primer acto de resistencia por el Atuel
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EL DIARIO digital
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En una nueva escalada del histórico conflicto hídrico, el Gobierno pampeano, por instrucción del gobernador Sergio Ziliotto, presentó una denuncia penal contra el Departamento General de Irrigación de Mendoza.
La acusación es por la supuesta alteración deliberada de datos hidrológicos del río Atuel, con el objetivo de justificar el incumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema que exige un caudal hídrico permanente para La Pampa. La presentación judicial, realizada en la Justicia Federal, coincidió con la conmemoración del Día de Lucha por el río Atuel, reafirmando la defensa de este recurso como una política de Estado.
Fundamentos y evidencias técnicas
La denuncia se basa en un informe de la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa, que comparó los registros de Mendoza con los de la Red Oficial de Monitoreo del Estado Nacional. La investigación reveló que, desde febrero de este año, los datos mendocinos de ingreso de agua al sistema de embalses comenzaron a figurar muy por debajo de los valores registrados por la Red Nacional, a pesar de que ambas mediciones se realizan en la misma ubicación geográfica.
Según la presentación judicial, la manipulación de los registros habría causado la "desaparición" de 60 hectómetros cúbicos de agua, equivalentes a 60 mil millones de litros. La situación adquiere mayor gravedad al considerar que, a diferencia del resto de los ríos mendocinos, el Atuel es el único que presenta un déficit hídrico, una anomalía inexplicable desde el punto de vista técnico y climático. La denuncia identifica como responsables a altos funcionarios del área de Irrigación de Mendoza, incluyendo a Sergio Marinelli, superintendente general.
Correlato con denuncias anteriores
Los hechos denunciados en 2025 se suman a una serie de maniobras que La Pampa ya había señalado ante la Corte Suprema en el año anterior, como el riego de parcelas sin sembrar y la creación de reservorios ilegales. Toda esta nueva evidencia fue presentada en una reunión de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI) con la presencia de representantes de distintos sectores de la sociedad pampeana.
La denuncia penal, junto con el informe técnico, también fue incorporada a una nueva presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fortaleciendo la causa que busca garantizar el cumplimiento efectivo del caudal ambiental del río Atuel. Este paso reafirma la decisión del Gobierno de La Pampa de defender con firmeza sus derechos hídricos, respaldado por un consenso técnico, institucional y social.
