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EL DIARIO digital
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La denuncia apunta al presidente de la Junta Electoral partidaria, Juan Francisco Romano, y al presidente del Comité Provincia de la UCR, Federico Guidugli, a quienes Valderrey acusa de llevar a cabo procedimientos irregulares y fraudulentos durante el proceso electoral interno que tendrá lugar el próximo 3 de agosto.
Valderrey, quien hasta hace pocos días formaba parte de la Junta Electoral, describió una serie de sucesos que, según la denunciante, evidenciarían maniobras ilegales dentro del proceso de oficialización de las listas precandidatas.
A partir de que una serie de plazos y resoluciones que no fueron respetados, Valderrey sostiene que, a pesar de haber redactado los documentos correspondientes y haber informado oportunamente sobre los recursos de reposición presentados por las listas Morada y Amarilla, la Junta Electoral no cumplió con la normativa interna del partido.
En su denuncia, Valderrey resalta que la Junta Electoral, de manera extemporánea, emitió resoluciones sin la debida autorización y firmadas por Romano, sustituyendo su firma en documentos cruciales, los cuales fueron enviados sin su consentimiento. A esto se suman las presiones políticas ejercidas por Guidugli, quien, según Valderrey, buscó imponer decisiones sin respetar los tiempos establecidos ni las formalidades del proceso electoral.
La Junta Electoral de la UCR realizó un exhaustivo análisis de la documentación presentada por las listas precandidatas Amarilla y Morada, formulando objeciones que fueron notificadas el 7 de julio de 2025. Las listas tenían plazo hasta el 9 de julio para presentar descargos, y la Junta también dio publicidad a los auspicios para permitir impugnaciones. Ambas listas respondieron dentro del plazo, pero las resoluciones fueron rechazadas el 12 de julio. Según la Carta Orgánica de la UCR, las listas podían presentar recursos de reconsideración dentro de las 48 horas, por lo que la Junta debía expedirse antes del 15 de julio.
Mientras tanto, el presidente del partido, Federico Guidugli, solicitó una reunión con los miembros de la Junta Electoral, programada para las 17:00 hs del 13 de julio, a pesar de que uno de los miembros, Micaela Valderrey, había informado que solo podría asistir hasta las 17:45 hs debido a su situación familiar. Durante la reunión, se discutió la posibilidad de extender los plazos debido a las negociaciones con otros partidos para formar un Frente Electoral. Sin embargo, Valderrey, al no recibir respuestas oportunas, presentó su renuncia y desafiliación del partido el 15 de julio.
La situación empeoró cuando Valderrey descubrió que, sin su consentimiento, se había sustituido su firma en los documentos rechazados y enviados a las listas, lo que la llevó a denunciar públicamente las irregularidades. Aseguró que no aceptaría ser parte de un proceso que considera manipulado, y reafirmó su decisión de desvincularse de la Junta Electoral.
Además de las irregularidades procedimentales, Valderrey denuncia una actitud de violencia política por parte de Federico Guidugli, quien la presionó y descalificó durante el proceso. En su relato, menciona cómo, a pesar de haber informado previamente sobre sus limitaciones de tiempo debido a su situación familiar, la reunión se convocó en un horario inconveniente, lo que la obligó a retirarse antes de tiempo. Esta situación, según Valderrey, fue utilizada en su contra, adjudicándole responsabilidades que no le correspondían.
El clima de tensión llevó a Valderrey a presentar su desafiliación del partido el 15 de julio de 2025. La militante decidió renunciar a su cargo en la Junta Electoral, tras darse cuenta de que los plazos para oficializar las listas ya habían expirado sin que se tomaran decisiones acordes a la normativa. Este acto de renuncia fue acompañado de un mensaje claro: Valderrey no aceptaría ser parte de lo que considera una maniobra de control político y desorganización interna dentro de la UCR.
Valderrey ha acompañado su denuncia con diversos documentos que respaldan sus acusaciones, entre los que se incluyen correos electrónicos y capturas de conversaciones con los involucrados, que evidencian el intento de manipulación y la sustitución de su firma sin su consentimiento. También ha ofrecido someter su teléfono celular y computadora a un peritaje para verificar la autenticidad de los documentos en cuestión.
La denuncia será evaluada por la Justicias autoridades pertinentes, mientras que Valderrey ha solicitado que se convoque a declarar a otras personas involucradas en el proceso, como los apoderados de las listas Morada y Amarilla.
Este conflicto ha dejado al descubierto tensiones internas en la UCR y plantea serios interrogantes sobre la transparencia del proceso electoral de cara a las elecciones internas de agosto. La denuncia por irregularidades y violencia política pone en tensión al partido en torno a la transparencia y el respeto a las normas de cara a las definiciones electorales.
