La pelea entre los jueces del TOF aflora en resoluciones y sentencias

La pelea entre el juez del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, Pablo Díaz Lacava, denunciado por hostigamiento y persecución por los secretarios del cuerpo, y los otros dos jueces del órgano, José María Tripputi y Marcos Aguerrido, es indisimulable y se cuela en las resoluciones judiciales y sentencias que firman en los últimos tiempos.

La prisión domiciliaria otorgada recientemente al represor Oscar Melazzi, que fue operado por un cáncer de pulmón, es un ejemplo de esto. La firmaron Tripputi y Aguerrido. Y Díaz Lacava votó en disidencia ya que la "omisión" de haberlo convocado a deliberar el caso "torna abstracta" su opinión ya que antes "adoptaron por mayoría la decisión del caso".

En la fundamentación de su voto, el juez dio rienda suelta al encono que lo enfrenta con los otros dos magistrados, quienes, en su momento, respaldaron la denuncia presentada por los tres secretarios del tribunal por maltrato y persecución laboral a principios de ese año. 

Díaz Lacava les reprochó a los dos jueces con quienes comparte el tribunal haber decidido primero –imponiendo la mayoría- y sin haberle consultado. Además, los acusó de mentir al excluirlo de algunas audiencias con la excusa de que él supuestamente tenía otras ocupaciones.

A un lado

Díaz Lacava, en su voto, reclamó a los colegas porque "la decisión previamente debió haberse deliberado mediante un llamado a acuerdo de jueces, espacio reservado en el cual cada uno de los Magistrados -por su orden- expone sus ideas sobre las cuestiones planteadas por las partes y escucha a los otros, reflexionando sobres sus opiniones para enriquecer, mejorar y en casos modificar su propio pensamiento y decisión".

"Cualquier decisión en un órgano colegiado exige la necesaria convocatoria a un acuerdo de los Magistrados que integramos el Tribunal, de conformidad a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el modo en que deben realizarse las deliberaciones en los órganos colegiados", apuntó, en tono didáctico.

Díaz Lacava planteó que así ocurría desde fines de 2012, cuando se integró al cuerpo. "Lamentablemente, por una decisión que todavía no ha sido explicada, ni en reserva ni públicamente, desde abril de este año la Presidencia de este Tribunal ha escogido reiterar aquellos errores que se cometieron el año pasado cuando el anterior Presidente adoptaba por sí, en causas de trámite colegiado, decisiones como si fuera un juzgado unipersonal, es decir, omitiendo la indispensable deliberación de consideraciones por parte de los jueces", puntualizó.

"Valga aclarar que, por circunstancias que desconozco y tal vez por no provocar agravio, aquellas decisiones nunca fueron observadas por quien tienen a su cargo la responsabilidad, al igual que los jueces (por si fuera necesario aclararlo), del control de la legalidad. Ello no sólo es sabido por los colegas que antes compartían la interpretación que el Máximo órgano del país ha debido aclarar a más de un camarista dada su gran formación y experiencia pero, además, esas deliberadas omisiones del trámite regular de los procesos y la adopción de decisiones de modo unipersonal que aconteció durante parte del año 2022, y en este 2023 a partir del 20 de abril, fue corregida durante el mes de octubre pasado en los escasos acuerdos que fueron convocados durante el transcurso de este año, tanto para la celebración del único juicio oral y público celebrado en todo el año 2023, como en las únicas que se me informaron fueron presentadas durante este mismo año ante el Tribunal, que si mal no recuerdo, sólo ha sido también una única petición", detalló.

El juez no dudó en considerar que "la decisión que fluye de la mayoría que conforma los colegas es irregular y ha omitido permitirme aportar mi visión sobre la petición de la parte, así como escuchar la argumentación de quién o quiénes lideraron la decisión que aquí se suscribe".

Omisiones y olvidos

Por si fuera poco, Díaz Lacava les reprochó que no pidieron la información correspondiente a la cirugía programada a Melazzi para el pasado 7 de noviembre, que deberían formar parte de las piezas de estudio para adoptar la decisión de otorgar provisoriamente la domiciliaria, según su criterio.

"Mal podría avanzarse en la decisión adjetivada como de imperiosa decisión cuando se advierte que no ha sido siquiera requerido al Servicio Penitenciario Federal la información pertinente para dar cumplimiento a la propia Ley. Esa omisión, también expuesta y requerida en dos oportunidades por la fiscala federal nunca fue siquiera requerida a la autoridad administrativa que controla la prisión preventiva agregando una cuota mayor de incertidumbre y desconfianza en la decisión adoptada por los colegas, ya que,  sin dudas podría haber aportado elementos para considerar la mejor decisión a adoptar en función de las obligaciones y derechos en pugna, agregando así motivos para su fundamentación, más allá de la arbitrariedad que conlleva la invocación dogmática y repetitiva de alguna de las normas que deben ser aplicadas en el caso", redondeó.

Finalmente, Lacava Díaz cuestionó que no se haya pedido la opinión a los querellantes en la causa, aunque si a las víctimas. "Se apartó el tribunal de su profunda convicción de escuchar a todas las partes para maximizar la contradicción y garantizar la pluralidad de voces antes de cada una de sus decisiones", recriminó.

"La palabra de las víctimas que fueron escuchadas nunca podría reemplazar la expresión jurídica que aportan los letrados de las querellas mediante la pertinente vista, quienes a su vez, por cierto, sólo expresamente podrían ser silenciados en su rol", concluyó.

"Afirmación mendaz"

Para cerrar, trató de mentirosos a los dos jueces. Es porque en diciembre se escuchó a las víctimas durante audiencias por un pedido anterior de salidas transitorias de Melazzi.

"Se excluyó mi participación y falsamente se le informó a las víctimas que concurrieron, que no presenciaba las audiencias por estar ocupado realizando otras tareas o audiencias. Esa afirmación mendaz, que simplemente se colegía de observar la agenda pública del Tribunal, no puedo evitar aclararla, ya que dichas faltas a la verdad comprometen mi responsabilidad funcional y no deben ser toleradas en respeto de las mismas víctimas que sí concurrieron en ejercicio de sus derechos", alegó.

"De haber sido informado de su designación por el colega que la presidió o alguno de los funcionarios con que cuenta el organismo jurisdiccional habría cumplido con mi responsabilidad estatal emergente del cargo de Magistrado Federal", aclaró.