Editorial Voces publicará "El relámpago y las cenizas" de Sergio Mirabelli
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EL DIARIO digital
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El exintendente David Bravo se defiende colocándose en víctima de una persecución política. Y los acusadores, fiscalía y querella, consideran probada la maniobra que lo llevó a juicio por abuso de poder y peculado. Esa es la síntesis de las dos jornadas de juicio que se llevaron a cabo el último jueves y viernes. El próximo lunes es el turno de los alegatos de las partes.
Bravo se expone a un pedido de pena que puede variar entre 2 y 10 años de prisión, con inhabilitación perpetua en cualquier caso, de encontrarlo culpable. La defensa alegará por la absolución y rechazará una supuesta "judicialización de la política".
El Tribunal Oral está integrado por los jueces Daniel Andrés Sáenz Zamora, Alejandra Flavia Ongaro y Raúl Adrián Miguez Martin. La acusación la lleva adelante el fiscal Alejandro Sebastián Mendiara. En tanto, el acusado tiene al abogado Hernán Jorge Danzi como defensor y el asesor letrado de los querellantes es Guillermo Galcerán.
En el juicio se ventila una denuncia que en 2012 hicieron tres ediles del Partido Justicialista por "abuso de autoridad", pero la fiscalía sumó la acusación de "violación de los deberes de funcionario público en concurso ideal con peculado". Aquel año, Bravo, por el Movimiento Popular Veinticinqueño, ejercía la intendencia. Los tres concejales de la oposición (PJ), Ricardo Poyo, María Pineda y José Bustos, denunciaron que el Concejo, donde el MPV tenía mayoría, había aprobado una ordenanza que derivaba a la Coospu los fondos de las regalías petroleras.
Los denunciantes sostuvieron que la sanción fue irregular porque no tenía la mayoría especial requerida, de 6 votos. Además, advirtieron que la ordenanza también contradijo la misma ley al permitir el uso de fondos públicos, en connivencia con los directivos de esa entidad de servicios, sin que se ejerza el control desde la institución correspondiente, el Concejo Deliberante.
En el debate llevado adelante en la Ciudad Judicial, en el primer día se presentó el caso, Bravo se abstuvo de declarar y desfilaron siete testigos frente al tribunal: los tres denunciantes, Poyo, Pineda y Bustos; el entonces viceintendente Luis Nicanor Romero; y otros dos exconcejales.
El viernes declararon testigos aportados por la defensa, que busca demostrar que los recursos se volcaron en el tendido de una línea eléctrica que efectivamente se hizo, para atender la emergencia social de 200 personas que vivían en un asentamiento, en el marco del boom petrolero y la expansión demográfica de la localidad.
Declaró Oscar Lezcano, que era el presidente del Consejo de Administración de la Coospu y a la vez secretario municipal de Deportes; la ex gerente de la cooperativa, Carina Sosa; y el secretario municipal, Aldo Javier Martínez; y el arquitecto Fabián Ganora. También declaró una perito, la contadora Ana María Kin, quien perició la documentación de la causa.
El viernes, a última hora, Bravo pidió declarar, después de haber escuchado a todos los testigos. Recordó que en el momento de los hechos existía una "invasión" de familias que buscaban un mejor futuro en 25 de Mayo a partir de la tentación de la industria petrolera. Dijo que por eso surgieron los asentamientos. Y que era urgente atender la necesidad de prestarles el servicio eléctrico.
"De ahí nació el proyecto como un objetivo social. Acá no faltó plata, se pagó menos, se hicieron las debidas rendiciones en los balances ante el Concejo según la Ley de Municipalidades, y en los informes semestrales, por regalías petroleras, al Gobierno Provincial", declaró.
Además, sostuvo que la reciente de readecuación del alumbrado público por sistema led que ejecutó meses atrás el actual intendente Abel Abeldaño –en cuya gestión es funcionario el denunciante Ricardo Poyo- "hicieron exactamente lo mismo de lo que por lo que estoy acá". "Esto es una persecución política", alegó.
Turno de alegatos
El lunes 25 alegatos las partes pronunciarán los alegatos. En la fiscalía y la querella, consideran que las evidencias y los testimonios alcanzan para comprobar que se triangularon fondos públicos, 1,4 millones de pesos de aquel momento, en favor de la cooperativa, en lugar de realizar una obra pública con licitación pública. Por eso lo acusan de peculado, es decir, desplazar fondos de la esfera pública hacia otro fin, s
Una de las ordenanzas que aprobó el Concejo a pedido de Bravo no se sancionó con los dos tercios que requieren las leyes. Por eso, también lo acusan de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
"La ordenanza dice que se transfirieron los fondos para que la cooperativa haga obra pública. No dice para cuál, no era específica. Hay una obra que se hizo, pero no está probado que fue con esa plata. Peculado es sacar plata de la esfera pública sin cumplir con las normas", explicaron fuentes ligadas a la acusación
Hasta ahora Bravo tiene dos condenas sobre sus espaldas. En 2013, lo condenaron a siete meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de "abuso de autoridad", al haber habilitado un cabaret.
A principios del año pasado, también fue condenado por trata de personas y facilitamiento de la prostitución. Le aplicaron cinco años de prisión, por ser partícipe necesario del delito de "trata de personas cometido en perjuicio de más de tres víctimas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años mediando abuso de su situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico de su comercio sexual". El fallo fue apelado.
