Intentó entrar a patadas a un complejo de departamentos y lo detuvieron
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EL DIARIO digital
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La discusión por la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei volvió a tensar la relación con los gobernadores. El proyecto enviado al Congreso no solo introduce cambios en materia de relaciones laborales sino que incorpora —según advirtieron mandatarios provinciales y especialistas— un fuerte capítulo impositivo cuyo costo fiscal recaerá, en gran medida, sobre las provincias.
El gobernador Sergio Ziliotto ya había anticipado este escenario en diciembre pasado, cuando cuestionó el intento de tratar la iniciativa en plazos abreviados y alertó que la propuesta "trae encubierta una reforma impositiva que impacta en los recursos del Estado".
"Se achican recursos en $3,1 billones. De ese monto, $1,4 billones corresponden al Estado nacional y $1,7 billones al conjunto de las provincias. Va a beneficiar a las empresas más grandes del país", señaló el mandatario pampeano, quien resumió el efecto para los distritos: "Recibimos menos".
Ziliotto remarcó además que los beneficios fiscales "no van a las pymes ni a los trabajadores", sino que se concentran en "las compañías de mayor dimensión económica". "Reforma sí, el tema es para qué", concluyó.
Baja de Ganancias
El núcleo de la controversia se encuentra en las modificaciones al Impuesto a las Ganancias de sociedades. El proyecto propone reducir las alícuotas de los tramos medios y altos —del 30% al 27% y del 35% al 31,5%— y, además, eximir del tributo los alquileres destinados a casa-habitación.
De acuerdo a estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal directo inicial anual sería del orden del 0,22% del PBI, equivalente a unos $1,9 billones. De ese total, $790.000 millones corresponderían al Gobierno nacional, mientras que $1,12 billones serían absorbidos por provincias y CABA a través de menores envíos automáticos de coparticipación.
En términos políticos, el planteo de los gobernadores es claro: el alivio tributario a las empresas se financiaría, en casi un 60%, con recursos que hoy integran los presupuestos provinciales.
El impacto, además, no sería homogéneo entre jurisdicciones.. Según el informe de IARAF, Buenos Aires asumiría el recorte mayor, con $238.558 millones, seguida por Santa Fe ($97.087 millones), Córdoba ($96.459 millones), Chaco ($54.193 millones), Entre Ríos ($53.042 millones), Tucumán ($51.682 millones) y Mendoza ($45.300 millones).
El impacto
En ese esquema de distribución de costos, La Pampa se ubica en el grupo de provincias medianas que verían recortados sus ingresos por coparticipación. La estimación señala que el distrito perdería alrededor de $20.401 millones cuando el esquema entre en plena vigencia.
Si bien el efecto fiscal se materializaría recién a partir de 2027 —cuando las empresas presenten las declaraciones juradas correspondientes al ejercicio 2026—, en el gobierno provincial advierten que se trata de una merma estructural de recursos, en un contexto de caída de la actividad económica y mayores demandas sociales.
