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  • Farmacias de turno del día 24 de octubre de 2021

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El Gobierno provincial, decisión política mediante y a través de dos de sus organismos claves, busca trazar una hoja de ruta para salir de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus. Un esquema de políticas públicas como herramienta imperante.

Una de cal…

El Gobierno provincial dio un nuevo paso durante la semana pasada en procura de trazar una hoja de ruta, de dibujar un camino que permita acelerar la recuperación económica, tras el fuerte impacto provocado en diferentes sectores -comerciales y productivos- por la pandemia de coronavirus.

Lo hizo con la puesta en marcha de una batería de medidas orientadas a incrementar los niveles de consumo, fundamentalmente en el sector de la construcción, y la refinanciación de pasivos de los pequeños y medianos comerciantes, todo con el firme objetivo de poner "dinero en el bolsillo de la gente", según las palabras que expresó el propio gobernador Sergio Ziliotto.

La iniciativa tiene, una vez más, una fuerte participación del Estado con un rol activo del Banco de La Pampa y también -en este caso- del Instituto de Seguridad Social.

La entidad financiera provincial hizo una fuerte apuesta no solo en la posibilidad de barajar y dar de nuevo que tendrán las PyMEs en sus obligaciones financieras, sino también en la chance que tendrán sus clientes en los límites de compras mediante el uso de los plásticos.

El ISS, en base a una decisión que bajó desde el Centro Cívico, también hizo su aporte que acercará un claro beneficio a sus afiliados, tanto activos como pasivos: duplicó de 50.000 a 100.000 pesos el monto de los créditos subsidiados, una herramienta que los empleados estatales pampeanos supieron utilizar a lo largo de los años.

El Gobierno sabe que cuanto más dure la crisis, mayor será el daño económico y social. El descontento ya se hizo saber en las elecciones primarias y simultáneas.

Es hora de que empiece a notarse el peso específico del Estado frente al mercado. Y de que se establezca una matriz que permita enfrentar la coyuntura actual.

Otro ejemplo en ese sentido se dio con el involucramiento del Ministerio de Salud de la provincia en el conflicto que mantenían el PAMI y las clínicas y sanatorios privados, y que habían dejado a los jubilados y jubiladas de la provincia sin atención médica.

El acuerdo alcanzado brindará, al menos por un año, un grado de previsibilidad a ese sector de la sociedad que siempre queda en condición de vulnerabilidad.

Detrás de ese objetivo de estabilizar las variables económicas anda también ahora la administración central del presidente Alberto Fernández.

El reciente aumento de las asignaciones familiares tendrá impacto en más de dos millones de trabajadores.

Además, busca recuperar el poder adquisitivo de las clases medias y populares y -por qué no- transformar poco a poco un modelo que se quedó corto en función de las expectativas de una amplia porción de la población.

 …y una de arena

6arena

Durante la semana que pasó trascendió un dato cuanto menos preocupante y que si bien se dio a conocer como una especie de iniciativa que tiende a revertir una inequidad, no hace más que revelar lo postergadas que aparecen ciertas ramas de los sectores laborales.

La Pampa tendría un total de 10.000 trabajadoras domésticas informales, es decir en negro, contratadas de manera irregular por sus empleadores.

Es también el Estado, en este caso provincial, el que decidió involucrase en la problemática y abrió la posibilidad de que a partir de ahora los empleadores se puedan adherir a los beneficios del Decreto Nº 660/2021, por medio del cual se creó el programa "Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social para las Trabajadoras y los Trabajadores de Casas Particulares", denominado "Registradas".

El programa pretende fortalecer la estabilidad del trabajo, la protección social y el cumplimiento de los derechos laborales vigentes.

También, por supuesto, busca recuperar empleos perdidos durante la pandemia. El acento, como se dijo, está puesto en la contribución para una "mayor formalización" en el sector.

Durante seis meses consecutivos el Estado pagará entre 30% y 50% del salario de la trabajadora de casas particulares, con carga de 12 horas semanales o más, que sea formalmente registrada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.

El beneficio se depositará directamente en la cuenta de la trabajadora, que se abrirá de manera gratuita en el Banco Nación. El monto de la asistencia estatal dependerá de la carga horaria laboral y el salario. Puede llegar hasta $15.000 mensuales.

Según la OIT, en Argentina hay más de 1,3 millones de trabajadoras de casas particulares y tres de cada cuatro están en la informalidad. Se estima que hay un millón de trabajadoras, más del 99% mujeres, que se desempeñan en el servicio doméstico y no están incluidas en el empleo formal.

Se trata de un sector históricamente precarizado, por lo que el rol activo del Estado resulta fundamental para atacar esa desigualdad. Por eso, un firme esquema de políticas públicas tiene que ser la herramienta imperante para alentar el cumplimiento.

No lo ve así, por ejemplo, la oposición. Y lo hizo saber a través de una de sus representantes más paradigmáticas.

La inefable Elisa Carrió fue la encargada de dejar en claro, durante su paso por la coqueta ciudad de Villa La Angostura, que hay que terminar con el derecho a las indemnizaciones por despido que le corresponde a todo trabajador o trabajadora.

Paradójicamente, la líder de la Coalición Cívica puso como penoso ejemplo, vaya coincidencia, el caso de sus propias empleadas domésticas.