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En la provincia dicen que la Nación le dio la razón al gobernador Rodolfo Suárez, en la búsqueda de certidumbre para la obra.
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EL DIARIO digital
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La polémica decisión del ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, de darle curso al pedido de laudo presidencial que hizo Mendoza con relación a la represa Portezuelo del Viento también le abrió la puerta a una pelea mediática.
Luego del posicionamiento del gobernador Sergio Ziliotto y del secretario de Recursos Hídrícos de la provincia, Néstor "Chamaco" Lastiri, la respuesta del Gobierno mendocino llegó a través del ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez: "la verdad que me parece que Lastiri no es una opinión autorizada en lo más mínimo", dijo a modo de "chicana".
"Cuando las provincias cambian su postura, activamos los procedimientos que corresponden", indicó el funcionario con relación al pedido de laudo durante una conferencia de prensa realizada este jueves.
Ibáñez destacó que lo más importante de la decisión de De Pedro es que le da la razón a Mendoza de que el presidente Alberto Fernández tiene que laudar.
"En el equipo de Suarez entienden que si se siguen los argumentos mendocinos el laudo debe resultar favorable al avance de la obra, pero son conscientes de que existe un condimento político para la decisión final", señaló el diario Mendoza Online.
"Es importante visualizar que teníamos razón en cuanto a que había sido solicitado el laudo como correspondía", resaltó Ibáñez, haciendo referencia al conflicto generado en enero pasado cuando desde el Gobierno nacional señalaban que no había una constancia del pedido de laudo realizado por Mendoza.
Por otra parte, el funcionario señaló que "esta es la prueba de que el laudo es necesario para quitarle la incertidumbre que pesa sobre la obra Portezuelo del Viento".
Explicó que de esta manera se podrá dar resolución a la disputa generada en el COIRCO tras el pedido de La Pampa, Neuquén, Buenos Aires y Río Negro de realizar un nuevo estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca del Río Colorado. Mendoza votó en contra de ese planteo y activó el mecanismo de laudo presidencial para resolver las controversias dentro del comité.
Desde este jueves las provincias tiene 15 días hábiles para fundar su postura. Vencido ese plazo, el ministro De Pedro deberá elevar el acta al presidente, quien tendrá 30 días para resolver, aunque también podría prorrogar ese plazo.
