Palazzani y Aguerrido en la Megacausa Zona 5

Este jueves comenzarán en el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca las audiencias en el juicio de la mega causa Zona 5. Se trata del debate por crímenes de lesa humanidad más grande de la provincia de Buenos Aires y tendrá presencia pampeana, ya que uno de los integrantes del Tribunal es Marcos Aguerrido y el fiscal general es Miguel Palazzani.

El juicio tiene 38 imputados por los delitos cometidos contra 334 víctimas y seesperan declaraciones de más de 200 testigos. Las audiencias se realizarán de manera virtual, por videoconferencia, a través de la plataforma “Zoom”, con la habilitación del acceso de personas interesadas en oír el debate directamente en la Sede del Tribunal, donde se sumará a la Sala de Audiencias un sistema de proyección en directo de la audiencia en el Hall, con pantalla y sillas.

Además, en atención al interés público que suscita un juicio de esta magnitud, y atendiendo al pedido realizado por las querellas en la audiencia preliminar respecto a conservar el espacio cedido dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional del Sur como hito histórico y cultural en el marco de los juicios de Lesa Humanidad en esta ciudad, es que se realizará la proyección simultánea de la audiencia también en el Aula Magna del edificio de esa alta casa de estudios, ubicado en Avenida Colón 80 de Bahía Blanca. Sumado a ello, se realizará también la transmisión en vivo y en directo por Internet (vía los canales oficiales de Youtube del Poder Judicial de la Nación) de los actos más importantes de la audiencia.

El juicio se llevará a cabo ante el TribunalOral Federal de Bahía Blanca que está integrado también por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián y Sebastián Luis Foglia. El debate contará con la participación de la abogada Mónica Fernández Avello en representación de las querellas de HIJOS Bahía Blanca y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y de la abogada Verónica Bogliano como representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

El Ministerio Público Fiscal estará representado tambén por el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia y el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento.

Según el esquema estipulado por el Tribunal, las audiencias se desarrollarán los días jueves entre las 9:00 hs. y las 15:00 hs., con posibilidad de agregar una fecha complementaria en otro día de la semana, teniendo en consideración la disponibilidad de la agenda de los jueces.

Entramado criminal

La mega-causa Zona 5 abarca el entramado criminal que, encabezado desde la jefatura del V Cuerpo del Ejército con sede en Bahía Blanca, operó durante la época del terrorismo de Estado en su jurisdicción, que abarcaba desde la ciudad de Neuquén hasta el sur de la provincia de Buenos Aires.

Se juzgará la actuación de 38 imputados entre los cuales hay militares del V cuerpo de Ejército, del Destacamento de Inteligencia 181, del Batallón de Comunicaciones 181, de la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén, un miembro de la Policía de la provincia de Buenos Aires, dos oficiales de la Policía Federal de Viedma y el director de la Unidad PenitenciariaNº 4.

Aguardando el inicio del debate, trece de los imputados fallecieron y otros dos se encuentran incapacitados, lo que –a juicio de los fiscales– marca la importancia de que el juicio se realice con celeridad.

Entre los imputados militares, se encuentran los profesionales de la salud, Humberto Luis Fortunato Adalberti y Adalberto Osvaldo Bonini, quienes –para la acusación– realizaron tareas en el centro clandestino de detención y tortura “La Escuelita”, que permitieron prolongar el cautiverio y las prácticas de torturas sobre las víctimas en aquel CCDyT.

El objeto del proceso también incluye los secuestros masivos ejecutados por miembros del Batallón de Comunicaciones 181 en Bahía Blanca, en distintos pueblos y ciudades del sur de la provincia, escenario que abarca un caso de abuso deshonesto sobre una de las secuestradas. Se trata del primer caso en ser llevado a juicio en la jurisdicción de Bahía Blanca, en lo que concierne al ámbito del Ejército Argentino. En 2015, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca encontró responsables por este tipo de delitos a varios integrantes de la Armada Argentina.

Médicos imputados

El ex oficial médico Humberto Adalberti y el ex suboficial enfermero Adalberto Bonini, están imputados por delitos cometidos en el centro clandestino de detención y tortura “La Escuelita”, que funcionaba durante la época del terrorismo de Estado en una vieja casona situada en el predio militar.

La fiscalía los considera coautores de los delitos de asociación ilícita, de privaciones ilegales de la libertad (en el caso de Adalberti en relación a 82 víctimas y Bonini por 70), de quince homicidios y de la sustracción de los hijos de las desaparecidas María Graciela Izurieta y Graciela Alicia Romero, que nacieron en dicho centro clandestino.

Según lo entiende el Ministerio Público Fiscal, los imputados asistían a “La Escuelita” —donde las personas secuestradas eran sometidas a constantes tormentos— y, con su accionar, contribuyeron a prolongarles el cautiverio.

A la época de los hechos, Humberto Adalberti se desempeñaba con el grado de capitán médico en el Hospital de Evacuación 181, mientras que Adalberto Bonini trabajaba como enfermero general en la División Sanidad del Departamento IV Logística del Comando del V Cuerpo de Ejército, con el grado de sargento primero.

En diversas ocasiones del proceso judicial, testimonios de conscriptos y de algunos sobrevivientes verificaron la concurrencia del personal de salud en el centro clandestino para revisar a los detenidos y para “asistir” en los partos a las víctimas.

Localidades del sur

En el juicio a celebrarse también se analizará el rol desempeñado por el Batallón de Comunicaciones 181 –como jefatura del área 511– en la represión en las localidades del sur de la provincia de Buenos Aires.

Esa unidad militar comandó operativos realizados, entre septiembre y noviembre de 1976, en las localidades de Médanos, Algarrobo, Mayor Buratovich, Pedro Luro, Coronel Dorrego y Tres Arroyos, que consistieron en la realización de un cercado periférico de los pueblos, rastrillajes y requisas de domicilios, y el secuestro de decenas de vecinos, 28 de los cuales fueron sometidos a cautiverio en el Batallón de Comunicaciones 181. Otros tres fueron llevados al CCDT “La Escuelita” de Bahía Blanca.

A su vez, también forman parte del objeto procesal del juicio los casos de vecinos de Huanguelén, secuestrados en esa localidad y trasladados posteriormente al Batallón de Comunicaciones 181 entre octubre y noviembre de 1976.

Los operativos de secuestro estuvieron a cargo del Batallón de Arsenales 181 de Pigüé –cabeza del área 512– que, junto con fuerzas policiales de la zona, procedió al rastrillaje de la población y al secuestro de numerosas personas del ámbito local. Un grupo de al menos cuatro víctimas, privadas de la libertad en esa oportunidad, fueron trasladadas y mantenidas en cautiverio en el Batallón de Comunicaciones 181. Una de ellas fue luego reubicada en el CCDT “La Escuelita”.

De acuerdo con los archivos de inteligencia que pudieron recuperarse, los operativos respondieron al previo armado de listas de ciudadanos de las distintas localidades. En el caso de los que tuvieron lugar en Huanguelén, la mayoría de los secuestrados eran allegados a Rodolfo Celso Gini, bioquímico y profesor secundario asesinado en diciembre de 1974 en esa misma localidad, por un grupo paraestatal autoidentificado como la Triple A. El caso de Gini formó parte del juicio “Triple A” realizado en Bahía Blanca, con sentencia condenatoria dictada el 2 de agosto de 2021 por el Tribunal Oral Federal de esa ciudad. Entre las víctimas de los operativos de secuestro que ahora se ventilarán, se encuentran su esposa y su hermano —ambos trasladados al Batallón de Comunicaciones 181—, así como varios de los jóvenes que Rodolfo Gini había tenido como alumnos.

Otros hechos que se analizarán en el juicio son los de un matrimonio de Huanguelén que fue secuestrado en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, en noviembre de 1976, y trasladado en avión al CCDT “La Escuelita” de Bahía Blanca. Otra de las víctimas del juicio, también oriunda de Huanguelén, fue secuestrada aquel mismo mes de noviembre en la ciudad de Neuquén y conducida al mismo centro clandestino, en donde fue vista por última vez. Actualmente se encuentra desaparecida.

Delitos sexuales

Uno de los hechos que serán juzgados consiste en los abusos sexuales sufridos por una de las mujeres que fueron secuestradas en el partido de Villarino y luego conducidas al Batallón de Comunicaciones 181.

La víctima fue secuestrada en Médanos, trasladada –atada y encapuchada– a la comisaría de esa localidad y, posteriormente, a la mencionada unidad militar de Bahía Blanca, donde fue sometida interrogatorios con aplicación de electricidad en el cuerpo. Durante su cautiverio, sufrió distintos abusos de índole sexual e intentos de violación.

El caso es el único que pudo ser llevado a juicio –de un conjunto de numerosas imputaciones por delitos sexuales–, tras la negativa del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de aquella ciudad, de llamar a indagatoria a diversos acusados. Según los jueces, la investigación no podía avanzar frente a la ausencia de ejercicio de la instancia privada por parte de las víctimas, a pesar de que –de acuerdo a la hipótesis fiscal– las prácticas de violencia sexual eran sistemáticas y, en muchos de los casos, existían elementos de prueba y testimonios que permitirían acreditar su ocurrencia.

Recurrida la decisión por los fiscales, el 5 de noviembre pasado, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal declaró,por mayoría, inadmisible la presentación, lo que propició el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por parte del fiscal general De Luca, el que se encuentra pendiente de resolución por el más alto Tribunal.

Según la acusación fiscal, la violencia sexual ejercida tuvo diferentes formas, desde la servidumbre sexual hasta las violaciones, como así también los tocamientos, las situaciones de desnudez y exhibicionismo con un claro sentido de humillación y degradación.

Para la fiscalía la violencia sexual era parte sistemática del plan —que debe ser necesariamente abordada desde una perspectiva de género— pero dicha hipótesis no fue admitida, con excepción del caso que hoy llega a juicio.