Suspendieron el desalojo a integrante de comunidad mapuche

El Poder Judicial finalmente dio marcha atrás sobre sus propios pasos y ordenó suspender el desalojo que se había previsto en una zona ocupada por la comunidad mapuche en Puelén.

Formalmente se suspendió el desalojo a Raúl Pino hasta que se resuelva el conflicto de fondo. Tal como informó El Diario, un Juzgado de General Acha había emitido una orden de desalojo en contra de una ley vigente, para que el miembro de la comunidad mapuche Wenu Chao abandone su territorio.

"Estamos más que contentos, estamos en la puerta de la primera jurisprudencia de la provincia", dijo Genaro Beroiza, que representa a Pino y a la comunidad en el conflicto legal.

Explicó que después de tomar conocimiento de la intimación, hubo un encuentro con autoridades del Superior Tribunal de Justicia "y pusimos en conocimiento de lo que implicaba esta decisión judicial".

Después llegó una notificación del juez Gerardo Bonino, del Juzgado Civil Nº1 de General Acha donde se desestima el desalojo hasta que se resuelva la situación de fondo. "Esta es una muy buena noticia", dijo Beroiza.

Aseguró que la decisión corresponde a que el Estado Argentino es firmante del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, lo que le da una jerarquía de orden constitucional al derecho de esas familias.

Afirmó que las comunidades originarias son sujeto de derecho específicos por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial: "Hay jurisprudencia en Río Negro, Neuquén, Chubut y Mendoza, falta La Pampa y hacia allí vamos, donde se ha fallado en favor de los pueblos originarios en temas de desalojo".

"Estamos en las puertas de la primera jurisprudencia que se va a asentar en la provincia con esta situación, porque desde el 2017 Raúl Pino tiene la personería jurídica de la comunidad que representa. No es un simple puestero, al tratarse de una comunidad originaria su estándar de derecho es alta, máxime habiendo una ley que prohíbe los desalojos", completó.

Pino "ocupa ancestralmente ese campo". En el mes junio presentó un pedido de informes contra el desalojo y "nos contestaron, a través de un escrito, donde el Ejecutivo dice que no puede haber desalojos a través de la emergencia que declara la posesión de las tierra que habitan los pueblos originarios y que se quede tranquilo. Pero este manotazo de ahogado (el intento de desalojo finalmente frustrado) por parte del Poder Judicial es una clara muestra de que todavía queda mucho por cambiar, sobre todo en las decisiones que tienen que ver al momento de despojar a un campesino de sus tierras", dijo Beroiza.

La sospecha es que detrás de la disputa judicial hay intereses inmobiliarios y de explotación de recursos: "en el año 2010, el Concejo Deliberante de la localidad de Puelén autorizó al intendente a donarle tierras a su suegro. Y le donaron tierras con Raúl Pino viviendo adentro. Es la típica maniobra que está prohibida por la Constitución", alertó.