Portezuelo: inquietud por el amparo de La Pampa en la Corte Suprema de Justicia

El reciente dictamen de Fiscalía de Estado de Mendoza, que avaló la legalidad de la licitación para realizar Portezuelo del Viento, fue festejada como un triunfo, pero en la provincia vecina igual existe una fuerte preocupación por el amparo que presentó La Pampa en la Corte Suprema de Justicia, para que no se construya la cuestionada represa que tiene impacto directo sobre el río Colorado.

El Gobierno mendocino quiere avanzar en la adjudicación, pero el "reaseguro legal" que pidió el fiscal Fernando Simón abre toda una serie de interrogantes.

"El temor es que la obra se frene por reclamos judiciales en la Corte y que eso genere pedidos de indemnización de parte del adjudicatario. La Pampa ya presentó un amparo ambiental", reconoció en un artículo el diario Mendoza Online.

"En el Ejecutivo y en la UTE trabajan para redactar la letra chica de la adjudicación y el posible contrato. Esa letra chica tiene una nueva complejidad que aún no se resuelve: cómo blindar el contrato para evitar juicios y pedidos de indemnizaciones en el caso de que la obra se frene", añadió en el mismo artículo.

"El temor es que La Pampa objete la obra y logre algún recurso legal en la Corte para frenarla. En ese sentido, no hay que especular, pues ese recurso ya fue presentado", advirtió MdZol.com.

Y añadió: "esa provincia (por La Pampa) tiene un recurso de amparo tramitado en la Corte Suprema que podría tener otro ritmo de trámite luego de la adjudicación. Ese expediente está tramitado como un amparo ambiental. Si la obra se frena, podría generar problemas legales y económicos para el Estado. Es lo que pasó con todas las obras frenadas durante el 2020 y que generaron pérdidas a las empresas que hoy son resarcidas parcialmente por el Estado".

Un interrogante

La represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento regulará el Río Grande y, como es parte de la cuenca del Río Colorado, no solo La Pampa es la que plantea cuestionamientos: el resto de las provincias ribereñas tiene una postura diferente a la de Mendoza y así lo hicieron saber en una votación dentro de Comité Interjurisdiccional del Río Colorado.

La duda que existe por estos días en la provincia cuyana es si la UTE Malal Hue accede a firmar un documento extra para renunciar a reclamos por "gastos improductivos y lucro cesante" en el caso de que eso ocurra.

Más duda genera si el líder del consorcio, la empresa china Sinohydro, firmará ese reaseguro legal que incluye renunciar al CIADI (algo que el pliego ya aclara no se podría hacer), a tribunales federales y a reclamos administrativos por indemnizaciones.

Esa empresa ya tuvo reparos para abaratar los costos de la obra, que se excedían largamente de lo previsto, y también por la disponibilidad de los dólares.

Tal como ya trascendió, en la licitación por Portezuelo los roles se han desdibujado, sobre todo con dos hechos.

Por un lado, la participación de un solo oferente dejó de lado la competencia y las referencias. Por eso, por ejemplo, la UTE presentó primero un precio muy por encima del dinero disponible y luego, ante el perdido del Gobierno, bajó más de un 22% ese presupuesto.

Por el otro, la participación política y estatal en la empresa IMPSA generó un cruce de esos roles: en la empresa metalúrgica (líder espiritual del proyecto) hay directivos del Estado que vienen desde EMESA, la empresa estatal de energía que debe controlar al consorcio. Además, las otras empresas que forman parte de la UTE Malal Hue tienen buena relación con funcionarios del gobierno.

"El frente político a nivel nacional parecía cerrarse porque la unión entre Alberto Fernández y Rodolfo Suarez a través de IMPSA puso a la Nación y la Provincia con el mismo horizonte", evaluó el diario mendocino.

"Pero -aseveró- el frente judicial es el que preocupa, porque en el futuro será la Corte Suprema la que deberá definir. La Pampa ya presentó el amparo ambiental que sigue sumando fojas en la Corte y espera latente".