Suspenden diez días a un policía por un insulto homofóbico

El Fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, recomendó al gobierno provincial que suspenda 10 días a un oficial de policía que realizó un insulto homofóbico y discriminatorio a un comisario de la misma fuerza. Firmó la resolución el último lunes. El sumario indicó que el oficial insultó a su superior, un comisario, el 19 de agosto del 2019, cuando no quiso notificarse y se enojó por una sanción disciplinaria que pretendía aplicarle.

La FIA publicó el dictamen, pero mantuvo en secreto las identidades de los involucrados. "Esta situación puso en evidencia una cuestión que suele ser común, y es que exponer la intimidad de alguien sin su consentimiento es violento. ¿Sabemos cómo es el contexto íntimo y cercano de esa persona? ¿Será hostil o no? ¿Cómo nos aseguramos de que esa persona no se vea afectada laboralmente, por ejemplo, cuando exponen su privacidad?", se preguntó Carola.

"Si una persona no habla de su intimidad es porque no quiere o no puede y que nadie, nunca, debería obligar a otra persona a revelar su identidad sexual. El proceso por el cual una persona se asume es personal, nada ni nadie puede obligar a contar algo que es tan personal", alegó.

En ese sentido, fundamentó que "esa es la primera razón, pero también está el hecho de que quien habla no necesariamente conoce el contexto en el que la otra persona se encuentra. Los insultos son poderosas armas de control social. En ellos, los valores de género no solo están representados, sino que también se perpetúan. La Constitución de la Nación Argentina, en su artículo 75, inc. 22, ha incorporado al marco normativo -otorgándoles jerarquía constitucional- diversos instrumentos internacionales firmados por el país y que prohíben la discriminación", mencionó.

Además de citar las normas que protegen el derecho a la privacidad, Carola advirtió que "no se puede tolerar el uso de lenguaje homofóbico o discriminatorio de ningún miembro de la comunidad y, menos aún en una institución estatal dado que, como se expuso, es el propio Estado quien tiene la obligación de asegurar la protección de los derechos humanos de grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad internacionalmente".

"Esta medida -prosiguió- implica erradicar todo tipo de comentarios, insultos o bromas de contenido homofóbico. Este tipo de violencia está alojada en la propia cultura que legitima ciertas prácticas discursivas que se proyectan en las instituciones que tienen como fin proteger los derechos de quienes se encuentran en situación estructural de poder desigual, motivo por el cual, una de las funciones estatales fundamentales en la lucha contra la homofobia consiste en no bajarle el perfil a esas prácticas y no aceptarlas bajo ningún punto de vista".

"Cualquier propuesta de manejo, prevención o combate debe partir de la promoción y defensa de los derechos humanos y como consecuencia de ello el incentivo de una cultura de la paz. Cultura que además de garantizar la igualdad y equidad permita el desarrollo armonioso e integral de todos sus miembros en espacios seguros. Por otro lado, y más allá de que pudo o no haber resultado agraviante para el Comisario, la utilización de expresiones (...) con carácter peyorativo es de por sí agraviante debiendo ser descartada del lenguaje para lo cual los agentes públicos tienen compromiso de su erradicación", remarcó el dictamen.

El fiscal aclaró que si el oficial estaba en desacuerdo con la sanción que le aplicaba su superior, tenía la posibilidad de presentar un recurso jerárquico para que se reconsidere "en lugar de negarse a notificar y/o enojarse y actuar de la manera que lo hizo".